Panamá
Fueron $30 millones los reconocidos a inversionistas durante la aplicación de la ley, cuyo otorgamiento de créditos al 100% fue declarado inconstitucional.
El ministro Iván Eskildsen afirmó que el equipo legal de la Autoridad de Turismo todavía analiza el alcance del fallo de la Corte Suprema. Foto: Francisco Paz
La Autoridad de Turismo (ATP) todavía sigue evaluando, desde el punto de vista legal, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el otorgamiento de créditos fiscales al 100% a inversionistas en proyectos turísticos fuera de la capital.
El ministro Iván Eskildsen informó que buscan cerrar este capítulo, dándole certeza jurídica a los inversionistas que se inscribieron para recibir estos créditos.
"Estamos esperando que se termine de determinar cuáles son (las opciones), en blanco y negro, que debe esperar un inversionista que aplicó en este caso", precisó el titular.
Agregó Eskildsen que comunidades internacionales de inversionistas en los Estados Unidos le han preguntado en que quedarán los certificados entregados, por lo que están en conversaciones con las entidades correspondientes para concretar y dar respuesta certera a los empresarios.
La Corte Suprema no decretó inconstitucional el crédito fiscal de 60% establecido en la Ley 314 de junio de 2022, sino el parágrafo transitorio del artículo 1, que permitía a inversionistas que tenían la documentación requerida, al momento de entrar en vigor la norma, poder acceder al 100% del crédito que fijaba la Ley 122 de 2019.
La responsabilidad de la ATP era reconocer que el proyecto turístico aplicaba basado en las indicaciones de la ley, para lo cual se le daba un registro.
Una vez cumplía pasaba a la Dirección General de Ingresos (DGI) para el otorgamiento del crédito. Se estima que en fueron $30 millones a una cantidad indeterminada de beneficiarios.'
60%
del crédito fiscal establecido en 2022 se mantiene.
30
millones de dólares fue el beneficio a inversionistas.
"Queremos tratar de que, en la manera que se cierra este capítulo, podamos cuidar el nombre de Panamá", reconoció el funcionario.
Sus palabras se enmarcan en la decisión del Gobierno de derogar estas dos polémicas leyes, que recibieron rechazo de varios sectores, entre estos empresariales, por el sacrificio fiscal que implicaba para el Estado.
Además, se criticó que beneficiarios de estos créditos resultaron ser empresarios allegados al Gobierno que desarrollarán proyectos con inversiones que, al final, se les devolverá con creces.
La decisión se asumió al calor de las protestas populares de julio del año pasado y, a pesar de que el proyecto fue presentado a la Asamblea, al final los diputados decidieron mantener los incentivos, mediante otro proyecto de ley.
La propuesta fue vetada en forma total por el Órgano Ejecutivo a finales del año pasado, sin embargo, fue Legislativo la volvió a aprobar por insistencia el 7 de febrero del presente año.
Este panorama indica que la Corte Suprema tendrá que pronunciarse otra vez sobre la materia, ahora teniendo que decidir sobre el 60% de créditos fiscales que otorga la Ley 314 a inversionistas en proyectos turísticos.
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