Las empresas estatales y su evolución en Panamá

La empresa estatal es aquella que realiza sus actividades bajo la administración del Gobierno.

El nombre de “empresa estatal” es contradictorio, ya que para que pueda ser catalogada como empresa es necesario que sea operada por particulares, quienes ofrecen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de otros.

Estos particulares se sumergen en la tarea de satisfacer las necesidades de otros debido a un interés personal. Es decir, quieren obtener algo a cambio.

En la tarea empresarial propiamente dicha, los particulares utilizan sus propios recursos (tiempo, capital, esfuerzo) y, de hecho, los arriesgan, por más experiencia y convicción que se tengan; además siempre existe la posibilidad del fracaso.

Contrario a este modelo, las llamadas “empresas estatales” carecen de dos aspectos claves: el interés personal de obtener una ganancia por los servicios o productos que se ofrecen y el riesgo de perder la inversión propia.

Los empresarios conocen los gustos de los consumidores y por ende invertirán en aquellos sectores que le sean rentables, pero cuando el Estado decide invertir lo hace, generalmente, en sectores que desean los gobernantes y no necesariamente en los que exige el mercado; es decir, el deseo de los consumidores. En consecuencia, los recursos casi siempre quedan mal invertidos.

Ejemplo de esto lo podemos encontrar en la historia nacional. La intervención estatal en el mercado panameño que aumentó después del golpe militar de 1968, con el plan llamado Estrategia para el Desarrollo Nacional 1970-1980. Así se crearon las empresas operadas por el Gobierno en los sectores azucarero y el cementero, con el financiamiento por parte de los organismos internacionales. En un principio se pensó que estas empresas pagarían sus deudas y que aportarían ingresos a las arcas del Estado. Anterior a esto, ya existían las “empresas estatales” de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Ninguna de estas empresas cumplió sus objetivos. Para crearlas se inició la deuda externa del Estado panameño que hasta la fecha no ha sido pagada en su totalidad. Y contrario a lo que mucha gente dice, la incapacidad de pago no se debió a las condiciones de los préstamos, sino que se invirtió en empresas que nunca generaron ganancias suficientes.

A final de la “década perdida” del 80 (época en la que no hubo crecimiento económico ni inversiones significativas y se dieron crisis en toda Latinoamérica) y del régimen militar panameño, Estados Unidos ayudaría económicamente a Panamá a salir de la crisis en que se encontraba. Para ello, se aprobó el Convenio de Donación, que exigía implementar reformas con políticas liberalizadoras contempladas en la Estrategia para el Desarrollo y Modernización Económica de 1990. Estas políticas incluían la privatización de las “empresas estatales”, que si bien no favorecían a cabalidad a los usuarios o consumidores porque no permitían el ingreso al mercado de nuevos competidores, sí eliminaban una carga para el Estado. Adicionalmente, con el dinero obtenido por vender esas “empresas”, se creaba un fondo de fideicomiso llamado Fondo Fiduciario para el Desarrollo.

Es evidente que el llamado sistema del “Estado Empresario” fue el causante del fracaso de las economías planificadas y parece incomprensible que se siga pensando que con este modelo se obtiene un Estado más eficiente.

En el inicio de la República, en la Constitución de 1904, el Estado se limitó en el artículo 73 a elaborar el presupuesto, pero su injerencia en el mercado ha ido creciendo y continuará si no entendemos su función real.

Por último, cito las palabras del doctor Alberto Benegas Lynch (hijo): “El Gobierno no fue hecho para ser comerciante, industrial ni agricultor, fue hecho para hacer justicia”.