Meduca suspende instalación de mesa de alto nivel con colegios particulares

Gran incertidumbre viven los colegios particulares y los padres de familia de todo el país ante el difícil panorama generado por el Gobierno Central ya que  no están en la capacidad de hacerle frente a la equiparación salarial,   sin afectar a los padres de familia con ajustes en los costos de colegiatura, que por los montos que se requerirían, resultarían imposibles de asumir por la mayoría de los acudientes,  según lo dio a conocer Katya Echeverría vicepresidente de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (UNCEP). No obstante, confirmó la fuente, que la reunión de Alto Nivel Ministerial que se había confirmado para iniciar este jueves 19 de octubre,  con la ministra de Educación, Marcela P. de Vásquez; el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia y el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, fue suspendida, y no se brindó nueva fecha.  >VEA TAMBIÉN: Colegios particulares aumentan hasta 40% el costo de su anualidad “Una vez más el accionar de las autoridades defrauda al sector, creando desconcierto y malestar general, ya que no estamos dispuestos a perder nuestros colegios, a seguir cerrando puertas a la comunidad educativa, que nuestros docentes pierdan sus trabajos y que Panamá deje de contar con la diversidad de ofertas educativas existentes, debido a la insensibilidad e insensatez que se percibe de parte de las autoridades frente a esta situación. Este silencio del MEDUCA ya ha costado el cierre de 4 centros educativos particulares del país". >VEA TAMBIÉN: Colegios particulares en alerta: proyecto atenta contra la libre empresa, según empresarios Echeverría explicó que no existe una única solución para todos los colegios, pues sus características son diversas. Se requieren soluciones equitativas que se ajusten a las necesidades creadas por la equiparación salarial y que respondan a las realidades de cada colegio.   Entre las más de 8 alternativas que el sector particular ha propuesto como solución a la crisis, se ha solicitado que se otorguen incentivos fiscales que favorezcan a los padres de familia, quienes asumen triple gasto, porque están dejando un puesto libre en la escuela oficial para que sea ocupado por un estudiante, pagando seguro educativo e impuestos y además asumiendo el costo de la educación en un colegio particular. En 2013, el sector particular le ahorraba al Estado cerca de 180 millones, cifra que se ha incrementado de manera exponencial desde 2015, con los incrementos salariales a docentes en el sector oficial, producto de los acuerdos de finalización de huelga. Luego de una gira a las diferentes provincias y reuniones con directores y dueños de escuelas particulares de todo el país, se comprueba que el nivel de afectación es profundo, y compromete a la mayoría de los colegios y no a una minoría como se ha querido dar a entender. El clamor general es defender el derecho constitucional a la libertad de enseñanza, que se preserve  la certeza y seguridad jurídica de las empresas educativas, conservar las plazas de trabajo directas e indirectas y que no se recargue más el sector educativo oficial producto de una migración masiva de alumnos del sector particular, por falta de opciones.