Nueva política eléctrica de México crea choques con inversionistas

La nueva política energética del Gobierno mexicano, que limita la generación privada de renovables, generará conflictos inesperados con sus socios comerciales de Norteamérica y de la Unión Europea, según coinciden varios expertos.

Además de haberse abierto ya un proceso judicial con las demandas presentadas por las empresas privadas, el Gobierno mexicano ha enviado una señal de preocupación a los inversores extranjeros en plena recesión económica global provocada por la COVID-19.

Empresas de países con tratados comerciales con México que tengan capítulos de protección al inversor o Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) pueden recurrir a juzgados federales, explicó a Efe el consultor internacional Eduardo Solís.

Las empresas pueden también plantear casos judiciales "inversionista-Estado" en paneles internacionales bajo el nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra en vigor el 1 de julio.

"El tratado lo que busca es dar certidumbre al inversionista y lo que ha ocurrido es todo menos certidumbre", argumentó Solís, del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN).

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El economista se refirió a los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, y de la Secretaría de Energía (Sener), fechado el 15 de mayo, que frenan la generación eléctrica por energías renovables.

El Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido estas reglas al asegurar que son necesarias para defender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del "saqueo" de los privados, sobre todo extranjeros.

Pero estos cambios afectan a procesos productivos que generan al menos 14 % del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que calcula que se verán afectados 30.000 millones de dólares.

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