Panama Ports Company quiere otros 25 años, en medio de cuestionados dividendos
Una auditoría reveló que la empresa debió haber pagado en sus primeros 23 años $90 millones a Panamá, pero solo aportó $8 millones hasta 2020.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ahora es la encargada o responsable de darle o no una extensión por otros 25 años a la concesión de PPC por los puertos de Balboa y Cristóbal.
La empresa Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del grupo Hutchinson, busca una extensión automática de 25 años más en su contrato con el gobierno de Panamá que le permite operar bajo concesión dos de los principales puertos del país: Cristóbal en el Caribe y Balboa en el Pacífico.
Sin embargo, el operario portuario busca mantener la operación de estos dos puertos panameños en medio de cuestionadas cifras de dividendos pagados al país.
Desde que abrió operaciones en 1997, PPC solo ha pagado 8 millones de dólares en dividendos al Estado en concepto del 10% de las acciones de la empresa.
Esta cifra contrasta con el último informe auditoría que la Contraloría General de la República publicó el 4 de febrero pasado donde se afirma que la empresa en 23 años de concesión facturó o tuvo ingresos por más de 4 mil 300 millones de dólares.
Incluso, PPC no pagó ni un solo centavo de dividendo los primeros 18 años de concesión a Panamá.
Luego de una fuerte presión pública y denuncias, PPC pagó el primer millón de dólares en concepto de dividendos al Estado panameño en 2015.
No fue hasta 2017, que la junta directiva de PPC declaró ganancias por 20 millones de dólares de los que le tocó a Panamá otros 2 millones de dólares.
Y entre 2018 y 2020, la empresa entregó al Estado panameño otros 5 millones de dólares en concepto de dividendos, en la recta final de su concesión original que ahora buscan renovar automáticamente sin pasar por la Asamblea Nacional.
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Los resultados de la auditoría de la Contraloría revelan entre sus números que PPC al menos debió haber entregado a Panamá más de 90 millones de dólares en concepto de dividendos en sus primeros 23 años y cinco meses de concesión.
En este periodo la Contraloría informó que PPC tuvo ingresos acumulados por $4 mil 345 millones contra supuestos desembolsos o gastos por $3 mil 435 millones. Con estos números, la empresa habría tenido que declarar utilidades por 909 millones de dólares.
Sobre este número, el Estado debió recibir más de 90 millones de dólares en los primeros 23 años de concesión de los puertos a PPC, y no los 9 millones reportados sólo en los últimos cinco años.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ahora es la encargada o responsable de darle o no una extensión por otros 25 años a la concesión de PPC por los puertos de Balboa y Cristóbal.
Nodier Araúz, administrador de la AMP, ha señalado tímidamente que recibió instrucciones del presidente Laurentino Cortizo de hacer que PPC pague al menos 92 millones de dólares antes de renegociar la extensión automática de su concesión, en base a los más de 900 millones de dólares en ganancias que calculó la Contraloría.
En 2018, el abogado Pedro Meilán denunció la posible ocultación de ganancias o dividendos por parte de PPC, quien afirmaba desde entonces que había más de 72 millones de dólares no reportados al Estado panameño. La denuncia fue admitida entonces por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pero no se reportó ningún tipo de avance en reclamo que advirtió un afectación sobre el Estado.
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En ese entonces, Meilán dijo que una revisión preliminar en los estados financieros de PPC desde 1997 hasta 2015 mostraban que PPC tuvo ingresos por más de 3 mil millones de dólares, que le dejaron en dividendos 725 millones de dólares.
Contra ello, el abogado afirmaba que hasta 2015, PPC debió haber entregado a Panamá 72 millones de dólares, en lugar un solo millones de dólares tras 18 años de concesión.
"El casi inexistente pago de dividendos por Panama Ports Company al Estado, a pesar de los elevados ingresos que ha obtenido en su operación, sugiere una posible ocultación de ganancias y dividendos que debieron ser pagados al Estado y, por ende, esta situación crea la figura de un bien oculto, conforme el artículo 80 del Código Fiscal", sostuvo la denuncia presentada en ese entonces por Meilán.