Caso DGI incide en la reputación de Panamá

El presunto desvío de fondos en la Dirección General de Ingresos (DGI) no debería ceñirse únicamente a una investigación judicial, pues sus repercusiones trascienden el ámbito nacional, afectando la imagen y reputación de Panamá, factores clave para fortalecer la confianza de los mercados e inversionistas.

Los gremios empresariales han sugerido a las autoridades reformar por completo la entidad, estableciendo mejores controles de fiscalización y rendición de cuentas para evitar que situaciones similares se repitan, poniendo en riesgo la confianza de los ciudadanos y la credibilidad del país como destino seguro de inversión.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, señaló que, al tratarse de una institución "tan sensitiva" como la que recauda los tributos de los panameños, tanto a nivel individual como empresarial, lo ocurrido indudablemente incidirá en el prestigio del país; por tanto, "no podemos tratar de tapar el sol con la mano".

Sin embargo, resaltó el trabajo de esta administración al constituirse como querellante en la investigación que espera se haga, reconstruyendo cada caso para proteger a las compañías e individuos que actuaron de forma legítima e identificar a los verdaderos responsables del hecho.

Aunque el empresario reconoció que el caso es "complejo y denso", hizo énfasis en que es importante que se resuelva con prontitud en aras de seguir fortaleciendo la confianza en las entidades del Estado.

"Estamos a la expectativa de que las autoridades puedan avanzar de forma rápida con esta situación para esclarecer el caso", dijo.

Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) proponen que se analice la posibilidad de transformar a la DGI en una agencia con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa con estrictos parámetros de trazabilidad y transparencia, tomando distancia de "presiones coyunturales".

Sostienen que la implementación de este modelo facilitaría la adopción de tecnología, auditorías permanentes, gestión de riesgos y controles internos más efectivos con el propósito de elevar la confianza ciudadana y proteger la reputación del país.

El gremio hizo un llamado a las autoridades judiciales para que quienes resulten responsables sean procesados y sancionados con todo el peso de la ley, sin excepciones, pues no se trata solo de una lesión al Estado, sino de un grave daño al sistema tributario con consecuencias internacionales.

"Las instituciones deben responder con firmeza ante hechos que lesionan la confianza pública", subrayaron a través de un comunicado.

Las autoridades, hasta el momento, mantienen bajo investigación a 16 personas, entre las que destacan 9 funcionarios públicos, 1 exfuncionario y 6 particulares, a quienes se les acusa de blanqueo de capitales, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos.

Los presuntos implicados, según las indagaciones, desviaban pagos reales de los contribuyentes a través del sistema informático e-Tax 2.0, convirtiéndolos en "créditos fiscales" que luego eran vendidos a terceros a través del mercado financiero.

Se estima que la lesión patrimonial al Estado supera los 35 millones de dólares y aún hace falta dar con la captura del resto de los implicados, por lo que no se descarta que altos mandos de instituciones públicas y privadas pudiesen estar involucrados.