Chiari evita hablar del lío con los créditos fiscales fraudulentos; BAC dice que su gente tiene las manos limpias

Ramón Chiari, presidente ejecutivo de BAC, el banco mencionado en el escándalo de los créditos fiscales irregulares de la Dirección General de Ingresos (DGI), evitó pronunciarse sobre este tema.

Ante consultas de Panamá América, Chiari descartó brindar declaraciones  y solo se limitó a referir al departamento de comunicaciones del citado banco.

La firma de Chiari aparece en un documento de una cesión de créditos fiscales por $10.8 millones, en la que también figura la  firma de la abogada Cira Marín, detenida en el caso por falsificación y blanqueo de capitales contra la DGI.

BAC habría adquirido entre 2022 y junio de 2025 créditos fiscales por un poco más de 42 millones de dólares, de los cuales la DGI considera derivados de operaciones ilegítimas unos $36 millones.

Y es que BAC en lugar de pagar en efectivo sus impuestos, apeló al uso de créditos fiscales (una acción legal), lo que no pasó desapercibido por agentes de la DGI, que ordenaron una auditoría que terminó destapando parte del tamal. 

Por su parte el banco se defiende y asegura que actuó conforme a la ley en la compra de créditos fiscales que hoy forman parte de una investigación por presuntas irregularidades en la Dirección General de Ingresos (DGI).

Es más, afirman que fueron sus propios controles internos los que levantaron las alertas que se notificaron de inmediato a las autoridades. En esta línea destacan que ejecutaron una auditoría interna sobre el alcance de cada transacción, sin hallazgos que vinculen al banco o a sus colaboradores.

De acuerdo con el banco, este mecanismo es legal y que los créditos adquiridos aparecían certificados en el sistema E-tax al momento de la transacción. Además, destacó que nunca recibió dinero del Estado, sino que utilizó esos créditos para el pago de sus propios impuestos.

La entidad, asimismo, saca a colación que su colaboración ha sido  "fundamental" para las pesquisas que sigue el Ministerio Público. También aclaran que el lío no guarda relación con las cuentas, depósitos o fondos  para tranquilidad de los clientes.

Asociación Bancaria se pronuncia
La Asociación Bancaria de Panamá dijo que es indispensable que cualquier situación que pueda comprometer la integridad del sistema fiscal y financiero sea investigada con total rigor y estricto apego a la ley.

Igualmente recalcó  que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legítimos, legales y de uso común que dinamizan la economía nacional. Al tratarse de herramientas que son creadas, administradas y certificadas en origen por la propia DGI antes de que ingresen al intercambio comercial o sean utilizadas por las empresas, resulta crucial esclarecer cualquier anomalía en sus procesos de emisión y validación.
 
"Despejar toda duda sobre la institucionalidad y trazabilidad de estos certificados es vital para proteger la seguridad jurídica de quienes transaccionan con estos instrumentos", expuso.

A su vez exigió que todo proceso se conduzca con estricto apego al debido proceso y al respeto a la presunción de inocencia, principios indispensables para salvaguardar la reputación del centro financiero.