Los propietarios de estos locales dijeron que el acuerdo a que habían llegado con el Gobierno no se ha cumplido y, además de la crisis económica por la que pasan, se están quedando sin medicinas.
Según Orlando Pérez, son más de 450 farmacias pequeñas en todo el país, las que están pasando por una difícil situación económica. Foto: Víctor Arosemena
Los propietarios de farmacias pequeñas buscan que la Corte Suprema de Justicia admita un recurso de nulidad contra el decreto y la resolución del Órgano Ejecutivo que instruyó la rebaja en 30% del costo de medicamentos, para que se suspenda la ejecución de ambas disposiciones legales.
En representación de estos pequeños comerciantes, el abogado Víctor Baker Revelo presentó este lunes ante la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo, la demanda de nulidad contra el decreto No.87 y la resolución No.82, que contempla el descuento de 30% en una lista de 170 medicamentos.
Orlando Pérez, vocero de los propietarios de farmacias pequeñas, manifestó que el acuerdo a que llegaron con el Gobierno hace tres semanas, en el que el descuento no comenzaría con ellos, no se ha cumplido.
"El acuerdo no ha funcionado, ha sido demasiado lento, no hemos visto la implementación del decreto. Seguimos en ascuas como en el primer día y no sabemos todavía quien nos va a reconocer; los distribuidores han pasado a hacer inventarios por las farmacias, pero no tenemos ni una nota de crédito, esto es lamentable", comentó.
Pérez precisó que todavía los distribuidores no les hacen las notas de crédito de los productos ni tampoco les están despachando, bajo la excusa de que aún los laboratorios no les han confirmado la rebaja.
Entre estos, se incluyen los agremiados en la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), quienes han estado en las reuniones convocadas por el Ejecutivo, pero que solo representa el 20% de los laboratorios establecidos en el país.
El pequeño comerciante agregó que, adicional a las pérdidas que están confrontando, se están quedando sin medicamentos en sus farmacias, ya que los 170 productos de la lista que divulgó el Gobierno son moléculas o principios activos, por lo que se estaría hablando de un promedio de 900 medicinas con las que no contarían.'
Orlando Pérez, vocero de los pequeños comerciantes, dijo que lo mas seguro es que en los próximos días comiencen a destituir a trabajadores de sus negocios, porque la economía no les da para pagar siquiera los gastos operativos.
Agregó que el facilitar a las farmacias importar medicamentos es una medida que tendría efecto a largo plazo y no inmediato. Recordó que en Costa Rica, donde se autorizó hace poco, se concedió un año para su implementación.
El Gobierno y la Asamblea están aprobando medidas para lograr la rebaja de los medicamentos en las farmacias privadas, lo que ha sido rechazado por los agentes de la cadena de comercialización, quienes afirman que no son los responsables de los altos costos.
Pérez atribuyó este desabastecimiento al decreto y la resolución del Gobierno.
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"Es provocado por el decreto inconsulto y rápido, y no hemos tenido oportunidad de hacer una logística coherente con los distribuidores, quienes no tienen la forma humana de poder llegar a más de 800 farmacias en el país para hacer el reconocimiento de este descuento de 30% a todos los productos farmacéuticos que aparecen en la lista", sostuvo.
El abogado Baker Revelo ilustró que, en primera instancia, la Corte Suprema de Justicia tiene que admitir las dos peticiones y una vez sean admitidas, solicitarán la suspensión de los efectos del decreto y la resolución.
"Para que los comercios puedan volver a abrir y puedan también vender de la debida forma; entendemos que hay situaciones urgentes en el comercio de las farmacias, pero eso no implica que se tomen medidas que lleven a los emprendedores a la quiebra", explicó el representante legal de estos comerciantes.
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