El expresidente Ricardo Martinelli y su calvario en el sistema judicial panameño

El proceso legal seguido al expresidente Ricardo Martinelli, por supuestas escuchas telefónicas, el cual tuvo más de seis meses en la Corte Suprema de Justicia, se ha desarrollado entre ilegalidades y violaciones a sus derechos fundamentales.

Una de las últimas violaciones es la negativa a hospitalizarlo en un centro médico privado, a partir del pasado 20 de diciembre, para que se les realizaran una serie de exámenes médicos por sus problemas cardiológicos.

La defensa de Martinelli presentó toda la documentación requerida por ley, pero no fue atendida y en su defecto, el expresidente fue sacado a la fuerza del Hospital Nacional y devuelto por decenas de policías a su celda en el Centro Penitenciario El Renacer.

Otro evento que evidencia la persecución contra Martinelli, es que la Dirección de El Renacer solo accedió a que tres familiares visiten al exgobernante por únicamente una hora los días 25 de diciembre y 1 de enero.

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En reiteradas ocasiones, el también exdiputado del Parlacen ha indicado que este proceso que enfrenta es meramente político y que es inocente de los cargos de los que se le acusa.

Martinelli regresó a Panamá el pasado 11 de junio de 2018 a enfrentar este proceso y lo hizo amparado bajo el tratado de extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos por lo que solo puede ser juzgado por este caso.

Durante el tiempo que tiene de estar en Panamá, Martinelli ha denunciado ser víctima de abusos por parte de las autoridades panameñas, como que no se le permite interactuar con otros reclusos y tampoco se le da acceso a visitas regulares por parte de sus familiares.

Su equipo de defensa también ha denunciado una serie de irregularidades en el proceso legal en la Corte, en la cual ejerció como fiscal el magistrado Harry Díaz y como juez de garantías Jerónimo Mejía.

Una de los primeros hechos se dio el mismo día que el expresidente llegó al país, cuando no se le permitió tener acceso a su defensa de forma expedita, sino luego de más de 8 horas, cuando se realizó la audiencia, en la cual se legalizó su detención.

Sus abogados también han cuestionado la forma como el magistrado juez de garantías llevó la audiencia al expresidente.

Entre los cuestionamientos hechos a Mejía, indicaron que este, durante el tiempo que fungió como juez de garantías, hizo sus propias interpretaciones de las leyes.

Primero, Mejía no quiso reconocer que la Corte Suprema no tenía competencia para juzgar al exdiputado, a pesar de que renunció al Parlamento Centroamericano (Parlacen), y también señaló que una persona puede ser procesada sin haber sido imputada de cargos.

En ese momento, Carlos Carrillo, coordinador del equipo legal del expresidente, indicó que la decisión que Mejía adoptó no es nada sorpresiva, ya que él había dicho que se podía acusar a una persona sin imputarla.

La decisión de mantener la competencia fue debatida dos veces por el pleno de la Corte, pero por cuestiones de forma el mismo la fue rechazada en primera instancia a Martinelli.

El fallo en que la Corte declina su competencia está aún en la Corte Suprema, pendiente de firmas.

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Otro tópico que da pie al argumento de Martinelli y sus abogados de que su caso se encierra en una persecución, es lo relativo a la salud del exgobernante.

Lo acontecido en la madrugada del pasado viernes, cuando contra su voluntad y a pesar del aval del Sistema Penitenciario, fue abruptamente desalojado del Hospital Nacional.