Empresarios señalan que abogados estarían detrás de supuesto entramado de coerción

La denuncia por un presunto delito de extorsión, presentada por los empresarios Giuseppe Cicatelli y Sandro Salsano, a quienes les estarían solicitando $1.5 millones a cada uno para poner fin a un proceso penal en su contra, estaría dejando en evidencia la vulnerabilidad y las presuntas maniobras de manipulación dentro del sistema de justicia panameño.

Las acciones de coacción contra ambos empresarios, de acuerdo con lo manifestado por Cicatelli ante el Ministerio Público, se vienen produciendo desde junio pasado. Según la denuncia, el abogado Franklin Amaya Jovane, uno de los representantes de la contraparte, le realizó una llamada solicitando 1.5 millones de dólares a cambio de cerrar su proceso penal, luego el jurista español Julián Martínez, parte del equipo, envió un mensaje en el que le “aconsejaba” pagar el dinero bajo la amenaza de que tenía todo “atado” con el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Martínez, según la denuncia, también habría admitido ser parte de un presunto “grupo de acción en Panamá” que se beneficia de las “conexiones” de sus miembros, entre ellos Luis Ernesto Carles Rudy, exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela.

Carles Rudy y  Amaya Jovane figuran como abogados de la contraparte dentro de la causa penal que se sigue contra Cicatelli y Salsano por la presunta comisión del delito de estafa.

Las amenazas contra los empresarios subieron de tono el pasado 15 de agosto, cuando Martínez supuestamente le habría advertido a Cicatelli que, si no accedía a su petición, tendría que atenerse a las consecuencias.

“Él (Martínez) estaba convencido de que yo tenía que darles el dinero que ellos querían (para cerrar el caso); si no, se me venían cosas peores”, relató Cicatelli a la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Un mes después, el 10 de septiembre, Martínez habría enviado un nuevo mensaje al empresario para informarle sobre los “últimos acontecimientos”: el monto exigido había aumentado de $1.5 millones a $1.7 millones, suma que, según el mensaje, debería pagar para evitar un largo juicio y el desprestigio internacional mediante una campaña mediática.

1.7

millones de dólares solicitó la red de extorsión al empresario Giuseppe Cicatelli.

 

2015

año de los procesos civiles y penales por los que se le exige dinero.

 

“Buenas noches, Giuseppe, me dicen que mañana tu parte ya cuesta 1.7 y que en inglés también tienen algo que empieza con F y termina en S y tiene una R y una B entre medias”, es el mensaje que Martínez supuestamente le habría enviado al teléfono de Cicatelli, en aparente referencia a la revista Forbes, en la que el empresario había sido destacado anteriormente por su trayectoria.

El inversionista manifestó su preocupación, ya que una publicación de esa magnitud tendría, según su relato, “graves consecuencias” para él, su familia y sus negocios. Ante esta situación, acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia por el presunto delito de extorsión.

Cicatelli aseguró que el grupo al que representa Martínez le está solicitando un monto que supera con creces el valor de la disputa relacionada con los procesos penales y civiles que enfrenta y que se remontan a 2015.

El caso de Cicatelli y Salsano trae a la memoria el escándalo de una presunta red de extorsión integrada por fiscales, abogados y particulares, que habría operado durante la administración de Varela. A sus integrantes se les señalaba de presuntamente armar y manipular expedientes penales para luego exigir a los involucrados altas sumas de dinero a cambio de medidas cautelares, fianzas o el cierre de los procesos.

Esta agrupación, según el testimonio de una de sus presuntas víctimas, se aprovechaba de personas que buscaban salir rápidamente de sus procesos judiciales y les ofrecía sus servicios bajo la promesa de que obtendrían penas distintas a la prisión y, en algunos casos, incluso la culminación de los procesos, gracias a los supuestos nexos de los abogados con personas de alta jerarquía dentro del Ministerio Público y el Órgano Judicial.