Existen antecedentes de condenas a funcionarios judiciales en Panamá por sustraer documentos públicos

El enjuciamiento de funcionarios judiciales por el delito de sustracción de documentos públicos no es nuevo en Panamá, incluso ya se han dado condenas en ese sentido.

El tema cobra vigencia con la denuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, de que un borrador de fallo sobre la imputabilidad en los procesos penales fue filtrado irregularmente a los medios de comunicación social para presionar a esta corporación de justicia.

Cedalise, al igual que el Colegio Nacional de Abogados y un grupo de juristas panameños, le han pedido al presidente de la Corte Suprema que propicie una investigación penal por esta filtración que ha desatado una especie de linchamiento mediático en contra de los magistrados que apoyan el borrador de fallo que anularía el juicio pinchazos contra el expresidente Ricardo Martinelli.

El caso más reciente fue el 23 de noviembre del año 2018, cuando un Tribunal de Juicio Oral declaró culpable al entonces juez séptimo de circuito penal por el delito contra la administración pública y violación de sellos públicos, luego de que fue denunciado porque una persona recogió parte de un expediente judicial que dejó caer un motorizado en el área de Loma Cová, Arraiján.

Los jueces basaron su decisión en el artículo 363 del Código Penal, debido a que el acusado, en su condición de juez, entre el 10 y el 15 de enero de 2018, sustrajo del tribunal documentos pertenecientes a un expediente del Juzgado Séptimo de Circuito Penal, que debieron reposar en todo momento en el recinto.

Los representantes del Ministerio Público en este proceso pidieron una condena de 38 meses de prisión contra el juez.

El principal alegato del Ministerio Público en este caso fue que "un funcionario judicial debe garantizar una adecuada administración pública y más por el cargo que ostenta".'

Los responsables de la filtración del fallo habrían incurrido en un rosario de violaciones. Por ejemplo, el artículo 68 del Código de Ética Judicial, que se aplica a los magistrados de la Corte, señala que "el secreto profesional tiene como fundamento salvaguardar los derechos de las partes y de sus allegados frente al uso indebido de informaciones obtenidas por el Juez en el desempeño de sus funciones".

Mientras que el 69 sostiene que "los Jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función". Y más directo aún, el artículo 70 establece claramente que "los Jueces pertenecientes a órganos colegiados han de garantizar el secreto de las deliberaciones".

En el caso de la filtración del borrador de fallo sobre la imputación, el magistrado Cedalise afirmó que envió a cada uno de sus colegas una copia encriptada, precisamente para evitar que el mismo fuera filtrado a los medios de comunicación social.

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La solicitud de Cedalise al presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega, aún no ha sido analizada, según este último, porque no ha tenido tiempo por su participación en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

No obstante, el Colegio Nacional de Abogados y un sinnúmero de juristas le exigen a Fábrega que adelante las investigaciones para evitar que se vea afectada la independencia de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, advirtió que sería una "vergüenza" que los magistrados de la Corte se dejen amedrentar por los ataques mediáticos y decidan cambiar la posición jurídica que asumieron al principio.

El pasado jueves, un grupo de manifestantes del partido Realizando Metas (RM) protestó frente a la Corte Suprema de Justicia para exigirle a los magistrados que fallen en este caso en base a estricto Derecho y no por presiones de tipo mediático o de grupos poderosos.

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