Panamá
Exmilitares podrían ser nombrados como jueces de la Corte Suprema de Justicia
El abogado Miguel Antonio Bernal dijo que obligar a todos los funcionarios a rendir declaración jurada de bienes está "fuera de lugar".
- Luis Ávila
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- - Publicado: 19/1/2022 - 12:00 am
Magistrada María Eugenia López, nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Cortesía/OJ
El abogado y catedrático, Miguel Antonio Bernal, denunció que supuestamente buscan nombran a exmilitares como jueces y en otros cargos del Órgano Judicial, luego de que la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, emitiera una resolución en la que obliga a todos los funcionarios de esta institución a rendir declaración de bienes patrimoniales.
Los funcionarios judiciales deben cumplir con este requisito, antes del próximo 31 de enero de 2022, y el mismo se suma a dos resoluciones firmadas por López, en la que se pusieron vacantes los puestos de jueces de cumplimiento, garantías, juicio y defensores de oficio de todo el país.
"Si se invoca que todos los funcionarios deben rendir declaración, entonces quiere decir que son funcionarios todos aquellos que están al servicio del Órgano Judicial, desde un conductor hasta un aseador, en fin todos aquellos que trabajan para esta institución, no sé qué fin se persigue con esto, intimidar, perseguir, coaccionar para lograr vacantes, porque están desesperados por nombrar a una serie de exmilitares que ahora son abogados, como jueces o en otros cargos dentro del Órgano Judicial, hasta donde yo tengo información".
El jurista manifestó que esta resolución está "fuera de lugar", ya que según él, en Panamá todo el mundo sabe que la teja siempre le cae a los más desamparados, es decir a los funcionarios de bajo rango.
El catedrático reiteró que a su parecer esto se hace para conseguir que algunas personas abandonen sus cargos o "decirles mira descubrimos que tienes tal cosa mal y te vas".
Enfatizó que lo propio sería que se pudiera tener la certeza de que va a haber transparencia, pero no cree que esto sea el objetivo, algo que sustenta con el comportamiento que ha tenido el contralor general de la República, Gerardo Solís.
El jurista recordó que la Constitución hace obligatorio a una serie de funcionarios o servidores públicos hacer su declaración de bienes patrimoniales al asumir y dejar el cargo.'
53
es el número de la Ley que regula la Carrera Judicial en todo el territorio nacional.
2
años ocupará la magistrada María Eugenio López, el cargo de presidenta de la Corte Suprema.
Una disposición, una normativa, que según él, no se cumple porque no hay el control necesario de parte de la Contraloría, que es la que está llamada a ejercer esa función.
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"Esta decisión de parte de la nueva junta directiva, creo que releva toda una serie de interrogantes sobre que fin se persigue, ya que hasta el momento que yo sepa solo dos magistrados han hecho su declaración de bienes patrimoniales, José Ayú Prado y Carlos Vásquez. Del resto no se conoce", explicó.
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Por su parte, el abogado Ángel Calderón, manifestó que si hay exmilitares que cuentan con un título de abogado, lo que les da la facultad de ejercer el derecho, no debe haber impedimento para que los mismos puedan llegar a ocupar el cargo de juez.
Añadió que si los mismos concursan dentro de la Carrera Judicial y adquieren los puntos para ser juez, porque el temor a que los mismos lo hagan.
Nombrados de a dedo
Quien también reaccionó a este tema fue el abogado penalista Sidney Sittón, quien manifestó que el Ministerio Público y tribunales tienen fiscales y jueces nombrados de a dedo, sin someterse a concurso de oposición a méritos, que garantice transparencia e imparcialidad.
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Enfatizó que deben hacerse concursos con estricto rigor, "dejando a un lado la avalancha de títulos falsos y seminarios de fantasía", que los usan para aumentar su puntaje.
"En este país presentan para esos cargos hasta certificados de repostería y de cartomancia, lo cual es ridículo", sentenció.
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