Luego de que saliera a la luz pública el hecho de que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela contrató los servicios de una firma de abogados externa para armar los casos contra opositores y miembros de la administración pasada, hay quienes cuestionan la legalidad de estos procesos.

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Expertos también indican que estos procesos deben de ser declarados nulos, incluidos el del expresidente Ricardo Martinelli, ya que la Constitución Política de Panamá no permite que se inicie una investigación de oficio como hizo el actual Gobierno.

Estas nulidades serían sustentadas en aspectos fundamentales. El primero de ellos es que el expediente que se le sigue al exmandatario Ricardo Martinelli no fue armado por autoridades competentes y se hizo con pruebas manipuladas.

Sumado a esto, para armar este expediente y otros contra opositores, se usaron testigos presionados para que culparan falsamente al expresidente.

Miembros del equipo legal de Ricardo Martinelli indicaron a Panamá América que el exmandatario está siendo procesado en la Corte Suprema de Justicia, se le abrió un expediente y se ordenó su detención sin siquiera ser imputado.'

256

mil 800 dólares, monto inicial del contrato de Presidencia con Saltarín, Arias & Asociados.

2016

Año en que culminó el suntuoso contrato directo que obtuvo Saltarín con el Ejecutivo.

Ante estos argumentos, el abogado Alejandro Pérez manifestó que el caso contra Ricardo Martinelli y algunos de sus exfuncionarios se orquestó desde que el presidente Juan Carlos Varela asumió el poder en el 2014.

"Rogelio Saltarín desde el 1 de julio de 2014 empezó a organizar una serie de expedientes sin tener facultad constitucional ni legal para ello, él junto con otras personas se dedicaron a armar estos expedientes", manifestó el jurista.

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Pérez indicó que como estos expedientes provienen de un particular que no tiene facultad constitucional y legal para investigar, los mismos son ilegales.

Procedimiento

Para poder hacer una investigación expertos indican que primero debió existir una denuncia formal sobre un hecho punible para luego realizar una formal investigación y no de oficio como se hizo.

Esta investigación le correspondería al Ministerio Público (MP) y no a una firma de abogados externa como lo hizo el gobierno del presidente Varela, que contrató los servicios de la firma Saltarín, Arias & Asociados Auditores Jurídicos.

El pasado jueves, 10 días después de que se conoció la existencia de una "Procuraduría paralela", el Gobierno trató de justificar la contratación de la firma de abogados Saltarín, Arias & Asociados, aduciendo que tenían una responsabilidad legal de denunciar los graves hechos de corrupción del Gobierno pasado.

Sin embargo, en ningún momento se hizo referencia aclaratoria a las denuncias que se le hizo a Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y a la procuradora de la nación, Kenia Porcell.

Igualmente, dentro del comunicado, el Gobierno informó que contrató los servicios de otras firmas entre las que están: Tapia, Linares y Alfaro; Icaza, González Ruiz y Alemán; Morgan & Morgan, entre otras.

También se ha cuestionado el silencio de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, frente a estas revelaciones de la existencia de una "Procuraduría paralela" que funcionó desde la Presidencia de la República, función que le correspondía exclusivamente a ella.

Actualmente se está a la espera de que el procurador de la administración, Rigoberto González, emita un pronunciamiento sobre si acepta o no una denuncia interpuesta contra la procuradora de la nación.

De no aceptar la denuncia, González podría ser denunciado, así lo indicó Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente.