Migrantes dispondrán de un protocolo para tener acceso a la justicia

Panamá se encuentra trabajando en un protocolo de acceso a la justicia para personas migrantes.

Es un trabajo interinstitucional que busca evitar que los grupos criminales se aprovechen de la vulnerabilidad de los migrantes y lograr que las personas vinculadas a estos delitos sean sancionadas penalmente, cada vez que se pueda comprobar su responsabilidad, informó el procurador general de la Nación, Javier Caraballo.

Sus palabras se dieron durante una reunión de fiscales de la región para analizar el tema de la trata de personas, detrás del flujo de migrantes que cruza Panamá y otros países con destino hacia los Estado Unidos.

Hace dos años, esta iniciativa surgió en Panamá, de donde salió una declaración, cuyas acciones están siendo evaluadas en este nuevo encuentro.

Caraballo dijo que con el protocolo se busca identificar la comisión de hechos delictivos en perjuicio de los migrantes, respetar sus derechos humanos y garantías fundamentales, ofrecer apoyo psicológico y atención multidisciplinaria y darle continuidad a la investigación de los hechos denunciados por estos.

Entre los migrantes que son víctimas de delitos en el punto fronterizo con Colombia existe temor por dar testimonio de lo que les ocurrió y algunos prefieren guardar silencio de tal forma de no afectar su travesía, lo que denota su grado de vulnerabilidad.

El procurador detalló que una vez llegan a suelo panameño, por medio de agencias subregionales que tiene el Ministerio Público en las poblaciones de Bajo Chiquito y Canal Membrillo, se les entrega un formulario.

En este documento, las autoridades buscan saber Información sobre la travesía de los migrantes, si han sido víctimas de delitos y si algún acompañante perdió la vida.

Además de la trata de personas, los migrantes sufren otros delitos durante su éxodo, como robos, abusos y violaciones.

Capturas

El fiscal Emeldo Márquez informó que en lo que va del año se han logrado condenar a 35 personas por tráfico ilícito de migrantes y 210 víctimas de estos malhechores han sido rescatadas.

La pena por este delito va de 15 a 20 años de prisión y puede llegar hasta 30 años con agravantes.

Sin embargo, este delito es difícil de erradicar y más cuando la cantidad de migrantes ha aumentado de forma radical en los últimos meses.

Según Márquez, los grupos criminales operan desde Suramérica, captando migrantes a quienes le cobran altas sumas de dinero para trasladarlos de un punto a otro en la difícil travesía hacia el norte del continente.

Según medios internacionales, son varias las ciudades de Colombia, donde los traficantes de personas operan, tratando de llevar a sus víctimas por diversas rutas para llegar a Panamá.

"No buscamos detener a los migrantes, sino a los coyotes, dijo el viceministro de Seguridad", dijo el viceministro de Seguridad, Ivor Pittí.

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