Ministerio Público monitoreará uso de la ayuda que distribuye el Gobierno

El Ministerio Público (MP) adelantó que iniciará las investigaciones de todos los casos en que se reciba noticia criminal o se tenga conocimiento del aprovechamiento de los bienes del Estado, respecto a la distribución del Plan Panamá Solidario.

La emergencia nacional por el COVID-19 obliga a los servidores públicos a extremar esfuerzos, y que los bienes públicos sean utilizados de la manera más transparente y efectiva posible, de tal manera que se garantice que sean destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, evitando en todo momento la desviación ilícita de los recursos públicos.

El Código Penal tipifica la sustracción, la apropiación, el extravío y el uso por parte de los servidores públicos para fines propios o ajenos al servicio.

Los servidores públicos que sean sorprendidos malversando los fondos que el Estado destinó para el Plan Panamá Solidario por la pandemia de coronavirus podrían enfrentar penas de prisión que van de cuatro a 15 años.

Luego de que circularan videos y denuncias sobre el supuesto acaparamiento y entrega con criterio político de los bonos solidarios que reparte el Estado, el presidente Laurentino Cortizo advirtió que quienes resulten responsables serán destituidos y denunciados penalmente ante el Ministerio Público.

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En las redes sociales y los medios de comunicación social se han hecho denuncias de que los bonos solidarios llegan incompletos, que existe acaparamiento por políticos, funcionarios y particulares o que se manejan con un carácter político.

15

años de prisión podría cumplir quien se aproveche de los bienes del Estado.

$50

millones se destinaron al Plan Panamá Solidario para apoyar a las familias.

El pasado 27 de marzo, se inició con la distribución de bolsas de comida para ayudar a las familias que se han visto afectadas económicamente por la crisis sanitaria. De igual manera, también se están entregando bonos para la compra de alimentos y medicamentos.

Se han destinado $50 millones para apoyar a las familias. Además, se ha autorizado al Gobierno para que tenga acceso al Fondo de Ahorro de Panamá.

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