Panamá
Los pilotos sustentaron que a pesar que existe personal local calificado, empresas del sector están contratando a extranjeros, mientras los artesanos luchan por no salir del Casco Antiguo.
La subcomisión que analiza el proyecto de migración volverá a sesionar hoy para escuchar más puntos de vista de parte de interesados. Foto: Internet
El estudio y análisis del proyecto 578, que busca reformar la ley migratoria en Panamá, sirvió como vitrina para que pilotos comerciales y artesanos se quejaran por sentirse desplazados por mano de obra extranjera.
Ignacio Barrios, en representación de los artesanos del Casco Antiguo, narró las presiones que reciben por parte de dueños de locales comerciales en el área, la mayoría extranjeros, para que se retiren de Las Bóvedas, donde ofrecen sus productos a turistas nacionales e internacionales.
"Las tiendas están conformadas por colombianos, venezolanos, toda clase de extranjeros y nos están haciendo la lucha a nosotros, que nos quieren sacar, cuando las artesanías aquí en Panamá son para los panameños", denunció.
Barrios comunicó que enfrentan una orden de desalojo por parte de la Oficina del Casco Antiguo y reveló que el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, les comunicó que tienen hasta junio para permanecer en el lugar.
Los artesanos explicaron que las intenciones de sacarlos del sitio histórico vienen desde el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-99), cuando fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Adán Cerrud, presidente de la Asociación Artesanos Unidos del Casco Antiguo, informó que su lucha porque no los saquen de San Felipe ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), instancia donde tienen un proceso.
"Le ganamos un amparo de garantías constitucionales a la alcaldía en 2006. Aún así se persiste en seguir presionando a los artesanos, cuando el mismo turista dice que esa área sin el turismo artesanal es muerta, no hay atractivo", comentó.'
El proyecto considera turistas a los que llegan al país exclusivamente para recreo y otras actividades establecidas en la reglamentación por un término no mayor de 30 días.
Los extranjeros que no tengan residencia en el país, a su ingreso deberán presentar prueba de solvencia económica, la cual no podrá ser inferior a $1,500.
El Servicio Nacional de Migración deportará y ordenará el impedimento de entrada al territorio nacional de aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la nacionalidad panameña, así como quienes delinquen en el país o se encuentren con documentos vencidos.
Por otra parte, Azael Darío Arrue, de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac), denunció que en medio de la pandemia y con cientos de trabajadores aeroportuarios con contratos suspendidos, empresas del sector se están dando a la tarea de contratar a personal técnico de otros países.
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Esta práctica se viene dando, a pesar de que hay mano de obra local calificada para desarrollar las labores.
"Tenemos muchos pilotos nuestros que estaban en el extranjero, en Indonesia y Asia, pero esos países decidieron tener a sus nacionales primeros que a los extranjeros y tuvieron que regresar a Panamá", detalló Arrue.
El piloto manifestó que las autoridades de aviación civil del país conocen de esta situación, pero no han actuado al respecto.
"Como pilotos los impuestos que pagamos son altísimos y los pagamos responsablemente, por lo que creemos que de parte del Gobierno debiera haber un aporte", indicó.
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También se apersonó a la subcomisión que analiza este documento, el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados (Arena), Rafael Rodríguez, quien mostró su preocupación por la derogación del decreto 249, que permite a extranjeros, luego de 10 años, a acceder a una residencia permanente.
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