Presentan denuncia penal por compra de armas para la Policía

El escándalo de la compra de 5 mil armas de fuego para la Policía Nacional fue denunciado por corrupción y además se le está exigiendo a la Contraloría General de la República de Panamá, no refrendar esta transacción.

Ayer se conoció que la abogada Ana Lorena Cárdenas de Acevedo, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación, por los supuestos delitos de corrupción y fraude en los actos de contratación pública, por la adquisición de estas armas.

La denunciante indicó que su acción legal guarda relación con noticias publicadas en Crítica y Panamá América, relativas a la supuesta participación del director de la Policía Nacional (PN) Jhon Dormheim y el Ministerio de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, en la compra de estas armas para la Policía Nacional.

Agrega que con la presente denuncia, debe de manera inmediata proveerse, conforme a los mecanismos legales, la suspensión de dicha compra y que la Contraloría General de la República, bajo ningún concepto, haga pago alguno, ni siquiera en calidad de abono, esto en base a las supuestas irregularidades que rondan esta compra.

Indica Cárdenas, que es de su conocimiento que en relación de las compras de armas para los estamentos de seguridad del Estado siempre se han hecho con la fabricante austriaca Glock, empresa a la cual en un principio se haría la compra de este armamento.

Sin embargo, se dice que se adquirieron armas marca Smith & Wesson, la cual según la denunciante se habla de que son de muy mala calidad comparadas con las Glock, que son las que tradicionalmente usan los estamentos policiales.

En razón de esto, Cárdenas expresó que se debe suspender inmediatamente la compra y el uso de estas nuevas armas de fuego.

La denunciante le pide al procurador Javier Caraballo, llamar a los distribuidores de armas, entre ellos al fabricante austriaco Glock, para consultarles si hubo en su momento alguna requisición de cotización, que explicara la metodología de la compra.

En razón de esto, la denunciante pide se llame a declarar a la comisionada Sheyla Cedeño para que rinda entrevista, a fin de que exponga cuándo y por qué se hizo la compra.

También solicita que se llame a declarar al subcomisionado Gustavo Chong, para que sustente todo lo relativo a las pruebas y especificaciones técnicas requeridas para la compra de pistolas para los estamentos de seguridad.

Además, solicita que la investigación también sea dirigida hacia el señor Fernando Quiel, persona supuestamente encargada de la compra en el Ministerio de Seguridad Pública.

Sumado a estas personas, también solicita que se le pida declaración al ministro de Seguridad, Juan Pino, pues el mismo acompañó a la comisionada Cedeño a la Asamblea Nacional (AN), para solicitar la partida para la compra de armas Glock, pero luego se cambio de marca.

Por potro lado, señaló que es de su conocimiento que el proveedor de la marca Glock en Panamá, en ventas que ha hecho anteriormente ha brindado una garantía de 10 años en cada pistola, sin que nunca se le haya presentado ningún tipo de reclamo.

En razón de todo lo expuesto, la denunciante solicitó al procurador Caraballo, una denuncia objetiva e imparcial, por la posible comisión de los delitos antes mencionados.

Daño al erario público

Igualmente, la letrada Cárdenas de Acevedo, le envió una nota al contralor general de la República, Gerardo Solís, donde le adjunto copia de la denuncia presentada por este caso ante la Procuraduría de la Nación y le solicita que no refrende dicho contrato.

Argumentó que como la denuncia refieren hechos que hacen tránsito a la eventual concurrencia de varios supuestos delitos contra la administración pública, los cuales pudieran causar un daño al erario público, le solicitó en estricto derecho no refrendar dicha compra.

"Es mi deber señalar que de materializar esta compra de marras, se estaría ocasionando, de modo abierto y solapado, una terrible lesión patrimonial al Estado, en un claro detrimento al erario público", acotó.

Hasta el momento, tanto las autoridades de la Policía Nacional, así como del Ministerio Público guardan silencio en torno a la compra de estas armas.

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