Tribunal decidirá este jueves sobre apelaciones en el caso Pandora, mientras Fiscalía advierte que fraude podría superar los $40 millones

El Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Fortuna dará a conocer este jueves, a las 2:00 p.m., su decisión sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa técnica dentro del caso Pandora, una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI).

Durante el segundo día de audiencia de apelaciones, las partes expusieron sus argumentos ante los magistrados, quienes escucharon las posiciones tanto del Ministerio Público como de los abogados defensores de las personas imputadas en esta causa.

El fiscal encargado de la investigación, Emeldo Márquez, explicó que ocho de las personas que inicialmente habían anunciado recursos de apelación decidieron desistir de sus solicitudes luego de que se les ordenara la medida cautelar de detención preventiva.

Márquez detalló que cinco personas mantuvieron su petición para que se revisara la medida cautelar impuesta, por lo que el tribunal escuchó los argumentos relacionados con la necesidad de mantener o modificar la detención preventiva mientras avanza la investigación.

Además, el Ministerio Público (MP) presentó sus alegaciones respecto a dos apelaciones de depósito domiciliario que fueron otorgadas a dos personas imputadas en esta causa por condiciones médicas.

La Fiscalía sostiene que la detención preventiva debe mantenerse debido al riesgo de afectación de medios de prueba. Según Márquez, aún deben incorporarse al expediente entrevistas, información bancaria y documentación relacionada con empresas que habrían sido afectadas dentro de la investigación.

Sobre el supuesto funcionamiento de la estructura investigada, el fiscal explicó que los créditos fiscales presuntamente eran manipulados dentro de la DGI y posteriormente enviados a empresas denominadas “canastas”, que luego los trasladaban a otra intermediaria encargada de venderlos a un banco de la localidad.

Márquez indicó que una de las personas imputadas estaría vinculada precisamente con esa empresa intermediaria, pieza que la Fiscalía considera relevante dentro del esquema investigado.

El fiscal también señaló que el monto del presunto fraude, estimado inicialmente en más de $40 millones, podría aumentar, luego de las verificaciones en la plataforma e-Tax 2.0 de la DGI para identificar nuevos movimientos y empresas que no habían sido incluidas en el primer informe.

Mientras tanto, las partes quedan a la espera de la decisión que tome el Tribunal Superior de Apelaciones, que definirá si mantiene, modifica o revoca las medidas cautelares aplicadas a los imputados en este caso. 

Con información de Vivian Jiménez