Lodo con abanico
Las informaciones periodísticas sobre irregularidades económicas presuntas poseen una intencionalidad política planeada para difamar a dirigentes del gobierno anterior. Tales diarios y canales de televisión atosigan páginas y tiempo con denuncias investigadas por el Ministerio Público en la primera etapa procesal, sin considerar los puntos de vista de los imputados; sin embargo, los medios conjurados por planes políticos presentan los casos a la opinión pública como si fueran hechos consumados por sentencias en firme de los tribunales. Se difunden versiones capciosas de detenidos como si fueran pruebas contundentes, sin reparar en las ofensas.
Ante estas deformaciones de la verdad, exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific aclaran en un comunicado que el expresidente de la República Ricardo Martinelli “no tuvo cuenta en Financial Pacific que estuviera relacionada con compra de acciones de minería o de otras empresas como falsamente se ha señalado a los medios de comunicación”.
Pero los medios del complot antioposición siguen dando como hecho inobjetable las imputaciones de una detenida por el desfalco a varios millones de la casa de valores. Omiten la cuantía del desfalco y se obstinan en agraviar la imagen de Martinelli.
Por otro lado, el exvicepresidente de la República en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y conocido empresario privado Felipe Virzi ha declarado en forma pública que prestó alrededor de $700,000 al magistrado Alejandro Moncada Luna para la compra de un apartamento, lo que confirma la versión del imputado.
A pesar de que el abogado Sídney Sittón ha presentado el testimonio de Virzi sobre el préstamo, el fiscal Pedro Miguel González no ha hecho nada para recibir la prueba del préstamo de Virzi, lo cual enfatiza el objetivo político de la imputación que maneja con evidente parcialidad. González es uno de los diputados del PRD inclinado a votar por el candidato del gobierno a contralor, negándose a seguir la línea del partido.
En cuanto a las investigaciones sobre movimiento de dinero del PAN, no hay duda de que, sin abdicar de los procedimientos investigativos del Ministerio Público, es menester ir al fondo de las cosas para determinar la existencia de probables anomalías desde que se activaron las compras directas para casos de emergencia nacional en los gobiernos pasados. Se focaliza el caso en un solo directivo, pero se oculta la recepción de dinero por diputados del presente, como el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, y muchos más. La selección de imputados responde a directivas trazadas desde las cúpulas políticas gubernamentales para cargar la mano sobre unos.
El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, adultera en declaraciones el significado procesal del rol pasivo de Panamá en las investigaciones desplegadas en Italia, aduciendo que no será convidado de piedra. La realidad procesal es que Panamá nunca fue parte del proceso porque lo investigado por la administración de justicia italiana concierne a imputados italianos. A través de la Embajada de Italia en Panamá se difundió el comunicado oficial en el que se destaca que Finmeccanica defenderá sus derechos sobre cualquier demanda sobre ilegalidades presuntas. Pero sigue lanzándose lodo con abanico.