Activistas piden a EE.UU. que no separe a las familias tras la orden de un juez de liberar a menores
El fallo de la jueza Gee, que critica enérgicamente al Gobierno Trump por su actuación en este caso, afecta a 124 niños detenidos en tres centros: uno en Pennsylvania y dos en Texas.
El coronavirus ha afectado a un gran número de detenidos de ICE y los últimos informes muestran que más de 2,500 personas recluidas en centros de detención de esta agencia han dado positivo por COVID-19. FOTO/EFE
Activistas y legisladores demócratas exigieron este sábado al Gobierno del presidente Donald Trump que libere también a los padres de los menores que deberán salir de los centros de detención para familias tras la orden emitida a última hora del viernes por una jueza federal.
La magistrada Dolly Gee ordenó que los menores queden libres antes del 17 de julio para intentar evitar que se contagien tras la propagación del coronavirus en varios de estos centros.
El grupo Raíces, que defiende a familias inmigrantes, señaló este sábado que no es una "buena noticia" que la jueza no haya podido ordenar a ICE la liberación de los menores junto a sus padres.
Sin embargo, dejó en claro que ICE tiene la "discreción" de poner el libertad a padres e hijos al mismo tiempo, aunque Raíces recordó que el "historial y falta de voluntad" de la agencia federal en el pasado apuntan en sentido contrario.
"La pelota está ahora en la cancha de ICE, lo que significa que en realidad está en todos los nuestros para liberar a las familias JUNTAS", dijo para animar a la comunidad a llamar al Congreso para pedirles que presionen a la agencia.
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Alida García, vicepresidenta de FWD.us, grupo creado por líderes tecnológicos partidarios de una reforma migratoria, instó a llamar a los representantes en Washington para que exijan a la agencia a liberar a las "familias antes de que sea demasiado tarde", pues, en su opinión, esa liberación solo sucederá si la gente "hace ruido".
Este fallo es consecuencia de una batalla legal emprendida por organizaciones proinmigrantes con el fin de que el Gobierno deje en libertad durante la pandemia a todas las personas detenidas en centros de inmigrantes.
Al menos 11 detenidos en el centro para familias de Karnes City (Texas) y cuatro empleados en el de Dilley (Texas) han dado positivo de COVID-19.
Otro grupo de activistas que abogan por los derechos de las familias inmigrantes, Families Belong Together, aseguró que no descansará hasta que "todos los niños estén seguros".
Y es que, como destacan del fallo de la jueza, las residencias para familias detenidas "están en llamas" por los contagios de COVID-19 y no hay "tiempo para medias tintas".
Y recordó que el mes pasado ICE retomó una nueva "separación familiar" al poner a los padres ante la difícil elección de permanecer indefinidamente en detención con sus hijos durante la pandemia o separar a las familias al liberar a los niños solos y mantener a los padres encerrados.
La presidenta del grupo Kids in Need of Defense (KIND), Wendy Young, indicó que liberar "nunca ha sido tan importante" y que ICE debe cumplir "de inmediato" con la orden de la jueza y pidió que libere a los niños con sus padres para que puedan permanecer juntos mientras persiguen sus reclamos de protección en un "lugar seguro y saludable".
El fallo de la jueza Gee, que critica enérgicamente al Gobierno Trump por su actuación en este caso, afecta a 124 niños detenidos en tres centros: uno en Pennsylvania y dos en Texas.
El coronavirus ha afectado a un gran número de detenidos de ICE y los últimos informes muestran que más de 2,500 personas recluidas en centros de detención de esta agencia han dado positivo por COVID-19.
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Las peticiones de acción por parte de estos grupos tendrán buena acogida por un buen número de congresistas demócratas, como la senadora Kamala Harris, quien instó este sábado al Gobierno a "liberar a los niños" y reunirlos "con sus familias de inmediato".
Para la representante Verónica Escobar se trata de una detención "dañina, traumática", por lo que debe acabar cuanto antes.
Otras compañeras de partido en la Cámara baja, Lucille Roybal-Allard y Debbie Mucarsel-Powell, apuntaron a la "crueldad" del Gobierno Trump por tener detenidos a los niños en plena pandemia en su intento de mantenerlos de esta forma durante un tiempo indefinido para intentar desalentar la inmigración al país.
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