Elevan a la Corte Suprema de Justicia la causa sobre la ley de medios de Argentina

Un tribunal de alzada de Argentina elevó hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa sobre la polémica ley de medios audiovisuales, cuya aplicación permanece suspendida, informaron fuentes judiciales.

La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza declaró "admisible" un recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Cristina Fernández contra un fallo de este mismo tribunal que había confirmado en marzo pasado la suspensión de la aplicación de la norma.

Ahora, el máximo tribunal tendrá a cargo la resolución de la causa iniciada el año pasado, tras la sanción de la norma, rechazada por un sector de la oposición y por los grandes grupos de medios del país que ven afectados sus intereses.

"Tengo la fuerte esperanza" de que "el sistema judicial argentino subsane la decisión que no entra en ninguna biblioteca de interrumpir" la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, señaló hoy la presidenta argentina, Cristina Fernández, minutos antes de que se divulgue el fallo de la Cámara.

La mandataria afirmó que, de aplicarse, la ley permitiría que "absolutamente todas las voces pudieran escucharse en todos los lados", algo que "todavía no se puede hacer porque no se puede aplicar la ley que fue votada por una mayoría transversal" en el Parlamento, en octubre pasado.

Las declaraciones de la jefa de Estado se produjeron durante un acto con motivo del aniversario de las Madres de Plaza de Mayo, que ayer escenificaron una pantomima de juicio a periodistas y medios de comunicación que en su opinión apoyaron la última dictadura militar, y en la que participó un funcionario estatal.

La Cámara de Mendoza (oeste del país) consideró hoy que la presentación del Gobierno cumple "con todos los recaudos formales que hacen a la admisibilidad formal del recurso intentado", precisó el Centro de Información Judicial.

En marzo pasado el tribunal confirmó una medida cautelar dictada en diciembre último por la jueza Olga Pura de Arrabal, que había suspendido de forma temporal la aplicación de la ley y que había sido apelada por el Gobierno en febrero.

La resolución de la magistrada supuso uno de los varios reveses judiciales que sufrió la polémica ley, que sustituyó a otra que databa de la última dictadura (1976-1983).

Entre otros puntos, el texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión -catorce menos que el límite actual- y que tampoco puede ser titular de un canal de televisión de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado.

Tanto el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como el de su sucesora y esposa, Cristina Fernández, han mantenido una tirante relación con la prensa.

En los últimos años se ha profundizado su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.