La Justicia electoral de Brasil garantiza la limpieza del voto electrónico

"Las elecciones libres, seguras y limpias son la esencia de la democracia" y las urnas electrónicas, adoptadas hace más de 20 años, "lograron eliminar un pasado de fraudes electorales que marcó la historia de Brasil", dice un comunicado firmado por el presidente del TSE, Luis Barroso.

La nota también la suscriben los 16 antecesores de Barroso en el cargo y el juez Alexandre de Moraes, próximo presidente del TSE y que asumirá en 2022, poco antes de las elecciones presidenciales previstas para octubre de ese año.

El comunicado es una respuesta a las dudas manifestadas por el presidente Bolsonaro sobre la transparencia de las urnas electrónicas y a su insistencia en que el país retome el sistema de votos en papeletas, que gradualmente fue abandonado desde 1996.

Bolsonaro ha llegado a declarar que sin voto en papel "no habrá elecciones" el año próximo, al tiempo que su Gobierno impulsa en el Congreso una enmienda constitucional que propone mantener las urnas electrónicas y que en paralelo se utilicen también las papeletas.

Según el líder de la ultraderecha, ese último sistema permite que el voto sea "auditable", algo que, en su opinión, no ocurre con las urnas electrónicas, sobre las cuales afirma que propician "fraudes" que, según sostiene sin prueba alguna, ocurrieron en anteriores procesos electorales, incluido el que le llevo al poder en 2018.

La presión del mandatario sobre el voto electrónico ha crecido al mismo tiempo que su imagen a caído en las encuestas, que ya dan como clarísimo favorito para las elecciones de 2022 al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, mayor antagonista de Bolsonaro en la política.

De acuerdo con la nota del TSE, la verdad sobre las urnas es otra.

"Desde 1996, jamás se documentó ningún episodio de fraude" y, "en sus 25 años de existencia, las urnas electrónicas pasaron por sucesivos procesos de modernización, contando con diversas fases de seguridad".

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También aclaró que "las urnas electrónicas son auditables en cada una de las etapas del proceso, antes y después de las elecciones", y que todos esos pasos "pueden ser acompañados por partidos políticos, la Procuraduría General, el Colegio de Abogados, la Policía Federal" y observadores independientes.

Asimismo, la nota señala que "el voto impreso no es un mecanismo adecuado de auditoría" y añade que "el recuento público y manual de unos 150 millones de votos (como habrá en 2022) significaría volver al tiempo de mesas que fueron escenario de fraudes generalizados que marcaron la historia de Brasil".

Más allá del debate político generado por Bolsonaro sobre ese asunto y sus amenazas al proceso, la decisión final está en manos del Parlamento, donde el proyecto para la vuelta del voto impreso es tramitado actualmente en una comisión de la Cámara de Diputados.

La posibilidad de que sea aprobado no parece cercana, sobre todo porque al menos once partidos políticos con representación en las cámaras legislativas, incluidos algunos de la base de Bolsonaro, ya han adelantado su oposición al proyecto y su respaldo a las urnas electrónicas.

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