Militares bolivianos piden que Argentina deje de acoger a Evo Morales
Un portavoz de los militares, el coronel Jorge Santiesteban, declaró a Efe que Argentina debe retirar "el asilo político a Evo Morales por todos los delitos que ha cometido", para que vuelva a su país y "rinda cuentas" ante tribunales en Bolivia.
El exmandatario boliviano se encuentra desde el pasado diciembre en Argentina. Fotos: Archivo.
Un grupo de militares bolivianos en lo que se denomina servicio pasivo, sin destino concreto, reclamó este miércoles ante el consulado de Argentina en la ciudad boliviana de Santa Cruz que ese país no dé refugio o asilo al expresidente Evo Morales.
El exmandatario boliviano se encuentra desde el pasado diciembre en Argentina, donde solicitó refugio, aunque la Cancillería de Bolivia ha observado en varias ocasiones que no está claro si está refugiado o asilado.
Un portavoz de los militares, el coronel Jorge Santiesteban, declaró a Efe que Argentina debe retirar "el asilo político a Evo Morales por todos los delitos que ha cometido", para que vuelva a su país y "rinda cuentas" ante los tribunales en Bolivia.
La Justicia boliviana emitió varias órdenes de aprehensión contra Morales, para que comparezca en distintos procesos por acusaciones de delitos como terrorismo y sedición.
El coronel en servicio pasivo, es decir, en espera de jubilación, comentó que la protesta ante el consulado argentino en Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, también reclamó a la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, que como jefa de Estado es capitán general de las Fuerzas Armadas, que actúe para acabar con las protestas que desde hace días sufre el país.
Las protestas de distintos sectores sociales reclaman que se mantenga la fecha antes prevista del 6 de septiembre para las elecciones generales en el país, en vez de posponerlas al 18 de octubre como estableció el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia debido a la pandemia de la COVID-19.
La Fiscalía boliviana admitió una serie de denuncias contra Morales, una de ellas recientemente por acusaciones que incluyen el delito de genocidio, impulsada por el Gobierno interino a raíz de estas protestas, de las que acusa al expresidente de estar detrás para promover bloqueos en carreteras que obstaculizan el transporte de insumos médicos y alimentos.
Este proceso se suma a otros varios abiertos contra Evo Morales desde que renunció a la Presidencia el pasado noviembre, denunciando un golpe de Estado para forzarlo a dejar el poder en medio de presiones de militares y policías, entre otras, tras haber sido declarado vencedor en los comicios de octubre del año pasado que debían habilitarlo para un cuarto mandato consecutivo.
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El pasado martes, el Senado de Bolivia aprobó una ley que establece la "obligación" para que altos funcionarios del Estado permanezcan en el país tras la conclusión de sus funciones para "evitar la impunidad" ante casos de corrupción.
La norma aprobada por la Cámara Alta, que cuenta con la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, "establece la obligación de permanecer en el territorio nacional" a funcionarios que incluyen al presidente del país, ministros y legisladores.
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