La gran alianza opositora que agrupa a sectores estudiantiles, empresariales y civiles de Nicaragua urgió al presidente Daniel Ortega a retomar el diálogo para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril, reclamó la liberación de "reos políticos" y convocó a una marcha nacional.

"La Alianza Cívica hace un llamado urgente a retomar el camino para una salida pacífica y democrática, a cesar toda forma de violencia, y a reinstalar el diálogo nacional con la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, con los garantes internacionales apropiados", señaló la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una declaración.

El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, se instaló a mediados de mayo pasado pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.

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La Alianza Cívica, que aglutina a empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, envió una comunicación escrita a Ortega en la que le exige "se den pasos coordinados en la mesa de diálogo para propiciar" el cese del clima de confrontación y restablecer la seguridad ciudadana en todo el ámbito nacional.

También que libere a todos los prisioneros políticos, que brinde información detallada sobre la lista de personas que figuran como desaparecidas, y que cese la represión en sus diversas formas: criminalización de las protestas, toma de tierras, intimidación a los miembros dialogantes, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.

Otra de las exigencias de la coalición es que el Gobierno "proceda a desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros grupos armados, bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas", dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien leyó la declaración.

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Asimismo, esa Alianza se unió al Comité Pro Libertad de los Presos Políticos "para exigir la libertad y respeto a las garantías de todos los nicaragüenses que han sido arrestados por el régimen Ortega-Murillo por el simple hecho de disentir".

Las madres de al menos 130 personas capturados en las protestas contra el Gobierno exigieron "justicia y libertad" para sus hijos, y solicitaron "al pueblo de Nicaragua" unirse "en pro de la libertad de nuestros presos políticos", por medio de tres manifestaciones, una caminata el sábado, una carrera el domingo, y una marcha nacional el miércoles 15, todas en la capital.

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Nicaragua ha acusado y procesado a 137 personas por terrorismo, crimen organizado, secuestro, entre otros delitos, en el marco de las protestas antigubernamentales.

La Alianza Cívica afirmó que realiza gestiones para lograr la libertad de esos "reos políticos" ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados democráticos.

Algunos de los "reos políticos" más conocidos son el líder campesino y representante civil en la mesa de diálogo, Medardo Mairena; el dirigente del campo, Pedro Mena; la comerciante Irlanda Jerez; el empresario Cristhian Fajardo; así como los jóvenes negros Brandon Lovo y Glen Slate.

Según la CIDH, Nicaragua vive una "tercera fase" de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que es la "criminalización de manifestantes", luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.

La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, insistió en responsabilizar a los detractores del Gobierno de las muertes y, por tanto, tienen que "pagar sus crímenes".

Nicaragua está sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega en la Presidencia, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según varios organismos humanitarios, cifra que el propio Gobierno redujo este martes a 197.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.