Presentan un plan formal que beneficia a las familias separadas en la frontera
Este pacto beneficiará a las familias que ingresaron al país antes del 26 de junio, fecha en que se impuso un mandato judicial para reunificar a quienes se vieron afectados.
Para los niños de padres que ya no están en el país pero han pedido que sus hijos permanezcan en Estados Unidos, la Administración federal no podrá oponerse a la petición de que los progenitores testifiquen vía telefónica o por escrito.
Las tres demandas colectivas entabladas a nombre de las familias que fueron separadas en la frontera están próximas a resolverse tras la presentación hoy de un plan formal ante la corte del sur de California bajo el cual el Gobierno deberá reconsiderar cientos de solicitudes de asilo político.
El acuerdo alcanzado entre la Administración del presidente Donald Trump y los abogados que representan a los tres litigios, requerirá aún la aprobación final del juez Dana Sabraw, quien ya insinuó anteriormente su intención de hacer lo propio.
Este pacto beneficiará a las familias que ingresaron al país antes del 26 de junio, fecha en que se impuso un mandato judicial para reunificar a quienes se vieron afectados en gran medida por la implementación de la política de "cero tolerancia" contra la inmigración irregular.
De firmarla el juez federal, los integrantes de la demanda colectiva no podrían "buscar cualquier interdicto, declaratoria o alivio relacionado con inmigración o asilo" basado en las acusaciones hechas dentro de las tres demandas judiciales, precisa el documento.
Los padres o niños que opten por renunciar a su derecho de reunificación y ser repatriados voluntariamente a sus países bajo el acuerdo podrán hacerlo.
Los padres con una orden de deportación, ya sea aquellos que se encuentren en libertad o aquellos aún recluidos en algún centro de detención, tendrán una nueva entrevista ante oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), quienes determinarán si existe "miedo creíble" de persecución.
En el caso de los niños que ya fueron reunificados con sus padres en detención, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deberá utilizar su discreción ya sea para cancelar cualquier orden de presentación o detener cualquier proceso migratorio en contra del menor.
De esta forma, la solicitud de asilo de la familia será nuevamente considerada.
En la segunda parte del acuerdo, se establece que el Gobierno "no pretende o ha aceptado regresar a cualquier padre deportado a Estados Unidos", sin embargo, reitera que los demandantes podrán presentar algunos casos "raros e inusuales" en los que consideren que debe otorgarse esta opción.
Para los niños de padres que ya no están en el país pero han pedido que sus hijos permanezcan en Estados Unidos, la Administración federal no podrá oponerse a la petición de que los progenitores testifiquen vía telefónica o por escrito.
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Si bien se desconoce el número de padres que se verán beneficiados por este nuevo paso, los abogados estiman que oscila entre los mil inmigrantes, quienes no habrían podido seguir sus peticiones de asilo tras haber sido separados de sus hijos cuando arribaron a la frontera.
Tanto los abogados del Gobierno como de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos legales que representan a los padres afectados regresarán a corte el próximo martes, en donde se espera, el juez pueda dar resolución a esta demanda.
Pese a ello, se ha adelantado que se mantendrá la supervisión de los casos para cerciorar que se culmine con el total de reunificaciones de familias separadas a la par de que se procesen de nueva cuenta cientos de solicitudes de asilo político.
Sabraw urgió al Gobierno durante la última audiencia a iniciar cuanto antes con los trámites para que una vez firmado el acuerdo pueda iniciar a reconsiderar los casos.
De acuerdo con el último reporte emitido por el Gobierno de Trump, se había reunificado ya a 2.296 de los 2.654 niños que fueron separados de sus padres.
Mientras tanto, un reporte divulgado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que el país "no estaba preparado" para la entrada en vigor de la "cero tolerancia" que generó esta crisis en la frontera.