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Presidente de Perú Martín Vizcarra apoya al 100% a la Policía Nacional pese a las críticas

La comisión de Defensa del Parlamento citó el lunes al ministro del Interior, Carlos Morán, al comandante general de la Policía Nacional, Luis Lavalle, y a los integrantes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), que el pasado 17 de abril acudieron con una notificación a la casa del expresidente Alan García para ejecutar su detención preliminar.

Lima/EFE - Actualizado:

Presidente de Perú Martín Vizcarra apoya al 100% a la Policía Nacional pese a las críticas

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió este martes respeto para la Policía Nacional al considerar que sus agentes fueron maltratados por una comisión del Congreso que los interrogó sobre el operativo para detener al exmandatario Alan García por corrupción, diligencia que terminó en su suicidio.

"Ofrezco mi total respaldo al ministro del Interior, a los altos mandos policiales y a todos los policías que el día de ayer (lunes) han sido maltratado en el Congreso de la República, no lo podemos permitir", declaró Vizcarra a los medios locales durante una inspección de trabajo.

El jefe de Estado agregó que su Gobierno va a respaldar a la Policía, "incluso cuando tienen que enfrentar procesos legales por cumplir su función, y si pedimos respeto a la Policía a todos los ciudadanos, con mayor razón tenemos que pedir respeto a todas las autoridades".

La comisión de Defensa del Parlamento citó el lunes al ministro del Interior, Carlos Morán, al comandante general de la Policía Nacional, Luis Lavalle, y a los integrantes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), que el pasado 17 de abril acudieron con una notificación a la casa del expresidente Alan García para ejecutar su detención preliminar.

García se encerró en su habitación y se disparó, cuando un fiscal y los agentes policiales ingresaron a su casa para hacer efectiva la detención.

El exmandatario era investigado por los presuntos sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y otras obras durante su segundo gobierno (2006-2011).

En la sesión parlamentaria, el legislador del partido Aprista, del ex mandatario García, Jorge Del Castillo, y los fujimoristas Carlos Tubino, Luz Salgado y Rosa Bartra criticaron que aparentemente los policías que acudieron a la casa de García no tenían puestos los chalecos antibalas y que tampoco tenían experiencia en la detención de altos funcionarios.

"Es necesario saber si tienen experiencia en detener políticos", dijo Del Castillo, ex primer ministro de García en su segundo Gobierno.

Del Castillo le pidió abandonar el lugar al mayor Fredy Ordinola después de que este se quitó el saco para mostrarle el chaleco que llevaba debajo de la ropa, cansado de que los legisladores pusieran en duda su testimonio.

Versión impresa

Por su parte, Tubino, portavoz del partido de la detenida excandidata presidencial Keiko Fujimori, calificó a la Diviac de "policía política" que lleva a los detenidos a una "mazmorra" en la Prefectura de Lima, una instalación por la que pasó también la líder opositora.

El jefe de la Diviac, Harvey Colchado, respondió a nombre de sus agentes y expresó su indignación por los cuestionamientos al manifestar: "¿Qué culpa tenemos nosotros de que las personas que están vinculadas a la política hagan actos de corrupción?".

El ministro del Interior, Carlos Morán, dijo, tras el interrogatorio, que los legisladores habían dado un "lamentable espectáculo" al pedir a los oficiales detalles del operativo con comentarios altisonantes y "como si la Diviac fuera el enemigo".

Tras las críticas contra la comisión de Defensa, el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, dijo que "como sociedad, hemos llegado al extremo de que nadie respeta a nadie".

Días después del suicidio de Alan García, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata confirmó los sobornos entregados al exmandatario y un alto exfuncionario de su segundo Gobierno, Miguel Atala, confesó a la Fiscalía de Perú que fue su testaferro para el aporte de $1.3 millones depositados por Odebrecht en una cuenta de la banca privada de Andorra. 

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