Después de la pandemia para estas personas ha sido difícil encontrar respuesta de las autoridades. Archivo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la falta de avances en la ejecución del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) suscrito entre el Estado y los familiares de las víctimas de la dictadura militar.
El acuerdo, firmado en los últimos días del gobierno pasado, contemplaba cinco puntos, que a la fecha no se han cumplido.
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Por esta situación, los integrantes del Comité de Familiares de Desaparecidos y Asesinados por la Dictadura Militar de Panamá (Cofadepa-HG) enviaron una carta abierta a los candidatos presidenciales en la que les advirtieron que ninguno de los puntos del acuerdo se ha cumplido.
¿Cuáles son esos puntos del acuerdo?
En primer lugar, la elaboración de una memoria histórica, la cual ha quedado engavetada en el Ministerio de Educación.
También, la construcción de un monumento a las víctimas y la declaración del 9 de junio, como día de reflexión en honor a los desaparecidos y asesinados durante el régimen militar de Omar Torrijos Herrera y Manuel Antonio Noriega.
El acuerdo también incluyó incorporar la figura jurídica de 'Desaparecido' en el Registro Civil y la reparación económica a los familiares de las víctimas por estos crímenes de Estado.'
En el año 2003, una Comisión de la Verdad designada por la presidenta Mireya Moscoso Rodríguez revela más de 110 casos de desapariciones forzosas y asesinatos cometidos por militares entre 1968 y 1989.
La mayoría de estos casos, ocurridos en su mayoría en los primeros años de la dictadura militar han quedado impunes.
La búsqueda del sacerdote Héctor Gallego, desaparecido en Santa Fe, Veraguas, motivó que en el año 2000, familiares de las víctimas se organizaran para pedir justicia por estos crímenes calificados de lesa humanidad.
A la CIDH le preocupa que luego de cuatro años no se haya avanzado en el cumplimiento de este acuerdo, así como en la identificación de las osamentas y restos de supuestas víctimas del régimen militar, que reposan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
En efecto, el Estado se comprometió a continuar con el trabajo de análisis e identificación, para lo que proporcionaría el presupuesto para la compra de insumos y contratación de personal experto.
Luego de ese proceso, Medicina Legal es la entidad que debe elaborar los documentos médico-legales que se utilizarán para los procedimientos de registro civil.
La CIDH instó, nuevamente, al Estado panameño a que despligue esfuerzos para materializar los puntos del ASA.
Además, recuerda que "los Estados como sujetos de derecho internacional tienen la obligación de cumplir con las decisiones de los órganos del sistema interamericano".
Ha pasado un cuarto de siglo desde que los familiares de las víctimas se activaran buscando justicia y conocer el paradero de sus seres queridos.
En 2003, la Comisión de la Verdad publicó su informe que reafirma la lucha de estas personas y en el que se certifica la desaparición y asesinato de más de 110 personas entre 1968 y 1989, periodo de la dictadura.
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