Evidencias que se desvanecen. Errores que ocultan la verdad

¿Cómo en un caso tan sensitivo, el laboratorio del Ministerio Público se “equivocó” en el manejo de las muestras que podrían encontrar el origen de la intoxicación?

No hace falta ser un experto en Criminalística para entender que cuando una persona muere intoxicada, su ropa, los envases de los alimentos, y otros implementos son fundamentales para formular hipótesis de investigación.

Sin embargo, en el caso del detective Franklin Brewster, varios de esos objetos nunca fueron analizados.

No fue la única omisión. Un análisis del procedimiento en el manejo de las pruebas, plantea serias dudas sobre los esfuerzos que las autoridades hicieron para esclarecer las verdaderas causas de la muerte de Franklin Brewster.

Entre estas irregularidades se destacan las siguientes:
El Panamá América logró establecer que algunas de estas muestras enviadas al FBI con el nombre de Brewster, aparecen  con un número de cédula distinto al de la víctima; “un error gravísimo en la cadena de custodia que pone en dudas  la veracidad del caso”,  de acuerdo con un criminólogo.

Las pruebas enviadas al FBI carecen de la información básica necesaria  que exige éste y cualquier otro laboratorio  para su análisis.

“Si una muestra llega así a mi laboratorio yo la rechazo.” Aseguró un analista químico que pidió reserva de su nombre.

Rubiela Bonilla encontró sobre el mueble de madera una corbata anudada. Su compañero recogió del basurero una botella de plástico que decía “malta vigor” con un líquido que parecía agua.

Al lado había una mesita con un tenedor de metal que tal vez había usado Franklin Brewster para meterse el último bocado mientras se retorcía por los fuertes dolores de estómago cuando almorzaba, aquel 3 de julio.

La secretaria judicial, acompañada del toxicólogo Alexie Brenes y otros detectives, buscaba algo que estuviera contaminado de organofosforado.
El jefe de detectives había muerto intoxicado.

Esa era la tesis que sostenía la Fiscalía Auxiliar. Decía que por sus síntomas, el jefe de la Unidad Especializada de Investigación Sensitiva (UEIS) se había envenenado con un organofosforado que estaba  en su almuerzo.

Para comprobarlo, buscó rastros de ésta sustancia en la  casa, carro y oficina del inspector. 

No encontró nada. Tampoco los análisis de Laboratorio de Toxicología (LT 1971), la necropsia o las muestras enviadas al FBI daban cuenta del supuesto veneno.

Pero eso no detuvo al fiscal auxiliar, Luis Martínez, para formular cargos por homicidio a tres detectives de la UEIS: Gioconda Véliz, Kenneth Brown e Irving Francis.

Los acusó de planear el asesinato del inspector Brewster con un organofosforado que le pusieron en la comida. 

Los dos primeros detectives fueron detenidos mientras que Francis mantiene una medida cautelar.

¿De quién es?  “Esa -la comida envenenada-  es una de las grandes falsedades en la investigación, puesto que ahí  habían más de 15 miembros de la unidad”, dijo el abogado de Kenneth Brown.

Alexander Sánchez agregó: “en la planimetría que se hizo se determinó muy claramente que el lugar de trabajo de Kenneth y Giconda estaba en el primer piso del edificio, no en la planta baja” enfatizó el defensor.

“Nadie tenía lugar fijo en la nevera”, según  los detectives de la UEIS, quienes mencionaron   que cuando se trasladaba el almuerzo  de una unidad al puesto de trabajo, había que describir el envase, porque a veces se confundían las comidas. 

“Aquí se ha hecho un caso de un envenenamiento, y me pregunto, ¿se ha acreditado el envenenamiento?” “¿De qué manera lo transportó allá (el veneno)? ¿De qué manera se lo puso a este señor?”

Cuestionó el ex procurador José A. Sossa, en su concepto,   que la Fiscalía ni siquiera acreditó el delito:  envenenamiento. 

Error grave. Los funcionarios  de la fiscalía  iban en busca del compuesto  organofosforado que supuestamente ingirió Brewster.

Esta diligencia - inspección ocular-,  no es más que la recolección de objetos o indicios que sirven como “pruebas” indispensables para ligar al victimario (delincuente) con el hecho (crimen).

Así, los funcionarios recogieron entre otras cosas; tenedores, envases de aluminio, servilletas blancas,  y la ropa que vestía el inspector.  Algunos artículos  no fueron analizados por el laboratorio del FBI a pesar de que el vómito y sudor que estaban impregnados en la ropa podrían dar con el origen de la intoxicación. (ver cuadro de muestras del FBI)

“El laboratorio debe examinar todas las muestras recibidas; si no se hizo, tal vez sea porque el cliente (Panamá) no lo solicitó”, dice un laboratorista consultado.

“Esto demuestra una investigación incompleta”.  El criminólogo Octavio Calderón explicó que “la ropa esta en contacto con el sudor, se deben eliminar las cosas que no estén contaminadas para determinar la fuente del envenenamiento”.

Otras  muestras colectadas a Brewster durante su hospitalización y en la necropsia se enviaron al Laboratorio del FBI con el propósito de esclarecer qué era lo que causó la muerte de Franklin, quien en vida portaba la  cédula 8-263-578.  

David Watley, asesor jurídico de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, recibió los frascos de manos del toxicólogo Alexie Brenes.

Los recipientes con más de 50 especímenes  arribaron a Quantico, Virginia, en tres fechas distintas (21 de julio, 3 y 14 de agosto) para ser analizados.
Sus resultados se compilan en el documento “Cooperación de Policía Extranjera. Posible envenenamiento de Franklin Brewster”.

Algunas muestras similares, o más bien  las mismas que describió el licenciado Brenes en su análisis (LT 1971), que  conservaban  contenido gástrico, sangre y orina del inspector Brewster, tenían escrito en la etiqueta el número de identidad de una persona que no tenía nada que ver en la investigación. 

“Si ellos  (laboratorio de Toxicología) le mandan estas muestras a Estados Unidos, ¿dicen que son de varias personas?  Preguntó el ex procurador Sossa; “¿diciéndoles que es de una sola persona [se] mandan identificándolas de varias personas?”, indagó.

El ex funcionario no daba crédito ante el  “inocente error” que aparecía en las muestras de laboratorio. 

Estas pruebas en particular: el jugo gástrico, la orina, y la sangre recibidas el 14 de agosto,  estaban marcadas con el número 8-263-678. (ver arriba cuadro  muestras del FBI)

La  identificación mencionada pertenecía  a la cédula del ciudadano “César Antonio Fernández Urriola, nacido en el corregimiento de Calidonia, el 13 de junio de 1967 y fallecido a causa de asfixia por sumersión”. 

“Un error gravísimo  en la cadena de custodia que pone en duda la veracidad de la  investigación y de la fuente que colectó la evidencia”, señaló el investigador Octavio Calderón.

Pero ese no era el único envase  cuyo contenido decía ser del difunto Brewster y  se marcaba con una cédula distinta.

Otra  muestra con jugo gástrico (Q 26) donde se detectó lidocaína dejaba ver en su etiqueta la cédula de  “Vicente Rosano Rogers Da Costa, nacido el 25 de abril de 1962 en el corregimiento de Calidonia” 8-263-978.  

“Si era un descuido ya con eso solo destruye la veracidad de todo eso”, acentuó  sorprendido  el ex procurador  Sossa.  

Este dato no solo asombró  a los especialistas citados. El analista químico de un  laboratorio comercial aseguró que todos sus colegas, especialmente quienes trabajan en el  Ministerio Público, saben  que  cada muestra colectada debe contar con la documentación e información de rigor.
De lo contrario caerían en “una mala cadena de custodia”, afirmó la fuente.  Estos son los pasos más importantes en la trayectoria de la evidencia, coinciden los expertos.

Pero al FBI llegaron muestras que incumplen  con el Manual de éste laboratorio; algunas no tenían fecha, localización, nombre,  hora, Otras, iban en tubos con tapa roja, no la exigida por el FBI, morada o gris. (Hand book of forensic services FBI).

“El FBI podría rechazar las muestras por no cumplir con los requisitos”, aseguró el  químico consultado.

Panamá América logró conversar con Madeline Montgomery, la agente  del Departamento de Química del  FBI que firmó el documento, pero  manifestó que  no estaba autorizada para hablar con periodistas. 

En su lugar sugirió que  la agente Ann Todd, encargada de las Relaciones Públicas  diera una entrevista. Sin embargo la agente nunca respondió las llamadas del diario o  los mensajes del contestador.  

Panamá América  interpuso  un recurso de transparencia al FBI   (Freedom Of information Act) para conocer en detalle  los análisis practicados, pero tampoco hubo respuesta a este recurso  después de cuatro meses de haber dado constancia de recibido.

Los documentos y las muestras que estudió el laboratorio estadounidense estaban bajo cuidado del Laboratorio de Toxicología  y se entregaron al señor David G. Watley.

El funcionario ya no trabaja en la Embajada de Estados Unidos, al parecer se retiró a finales de 2006.

El Instituto de Medicina Legal indicó que la ley  le impedía hablar del caso.

Al margen
¿Cómo hizo el Laboratorio de Toxicología Forense para coincidir con los resultados del FBI,  si tenía un cromatógrafo  dañado al  momento de practicar los exámenes?

¿En cual de las muestras que recolectó el laboratorio del MP se detectó lidocaína?

¿Por cuál razón  la Procuradora de la Nación,  la Fiscalía Auxiliar y la  PTJ   sustentaron el órgano fosforado como causa del envenenamiento, y no  investigaron otro tóxico   que diera con el origen de la intoxicación?