Fallo contra libertad de expresión venía siendo advertido desde el gobierno de Varela

Desde hace seis años se venía advirtiendo el riesgo que se cernía sobre la pluralidad de información con que debe contar un Estado democrático, tras la preparación por parte del gobierno de Juan Carlos Varela del caso New Business.

En ese entonces, el expresidente Ricardo Martinelli advertía que lo que se pretendía con la acción del gobierno panameñista era promover el cierre de los medios del Grupo Epasa y vaticinaba la "fabricación de eventos falsos" para hacer ver irregularidades en la compra de la casa editorial (Panamá América, 18 de abril de 2017).

La denuncia que realizara el entonces diputado oficialista Jorge Iván Arrocha y que sirvió para que el Ministerio Público de Kenia Porcell abriera el expediente ocurrió como respuesta a publicaciones de Panamá América que revelaban datos sobre el hermano del presidente Varela.

Entre estas, se revelaba que una sociedad vinculada a la cuñada de José Luis "Popi" Varela, figuraba dentro de las investigaciones en Suiza que se siguieron por el caso Odebrecht.

Esta situación fue denunciada ante foros internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Ante este último organismo, Epasa solicitó una medida cautelar contra el Estado panameño, en agosto de 2016, por el intento de transgresión de la libertad de expresión.

Y desde ese momento, el abogado Gilberto Cruz llamaba la atención al señalar que la empresa no había sido llamada dentro del proceso judicial, a pesar de que era el tema medular del expediente.'

2016

Epasa solicitó una medida cautelar ante los ataques.

6

años han pasado y el actual Gobierno presiona a medios.

 

 

"No hemos sido formalmente vinculados [a la investigación] pero estamos tomando medidas cautelares para que se respete el derecho preciado de la prensa", dijo Cruz al Diario Las Américas, de los Estados Unidos.

Con el fallo en primera instancia de la jueza Baloísa Marquínez, se confirman las denuncias presentadas por los representantes y periodistas de Grupo Epasa y, adicional, se pone en peligro garantías fundamentales a nivel de derechos humanos, como el respeto al debido proceso y la libertad de expresión.

Por el lado del debido proceso, Epasa, como sociedad jurídica, nunca fue llamada al juicio de New Business para defenderse.

"Las personas naturales y/o jurídicas deben poder comparecer al proceso previo a que les imponga una sanción, en caso de sociedad su disolución. Las sociedades son personas jurídicas, no son bienes", ilustró el abogado Carlos Barsallo.

En tanto, la libertad de expresión se ve en peligro por la pena accesoria de decomiso de los bienes y activos de Epasa por parte del Estado, que quedaría con el control de la línea editorial de medios que han sido críticos de las gestiones de los últimos gobiernos.

Un comunicado del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá, citado en un extracto por el Diario Las Américas, el 26 de junio de 2017, rechaza esta pretensión

"Cualquier tipo de intervención o intento de control del Grupo Epasa, que afecte o ponga en riesgo su línea editorial, principio que consideramos ajeno a cualquier investigación que se realice de la transacción de compra-venta que realizaron sus accionistas", registra la información del diario estadounidense.

Así como se hizo en 2016, ahora periodistas y trabajadores de los diarios de Epasa preparan un documento que será remitido al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal.

Se denunciará la intención del gobierno de apropiarse de los tres periódicos, en medio de una campaña electoral, escudándose en el fallo de la jueza Marquínez.

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