Usuarios deben seguir denunciando el mal servicio de electricidad
Representante de los consumidores aplaude las medidas anunciadas por el presidente para hacerle frente al deficiente servicio de la luz.
Las fallas eléctricas generan pérdidas económicas y afectan la calidad de vida de la población. Cortesía
La falta de servicio eléctrico se ha convertido en una constante para los clientes de la empresa Naturgy, quien ante los reclamos hace caso omiso y sigue brindando un servicio pobre por el que los panameños pagan grandes sumas de dinero.
Sin importar cuántos días tengan sin luz, el recibo con fecha de vencimiento siempre llega puntual a la puerta de sus hogares, por lo que, dejar de pagar el servicio no es una opción.
Parece ser que los ruegos de los panameños han sido escuchados por la nueva administración, ya que, desde los primeros días de su mandato se mostró dispuesta a ponerle fin a esta problemática.
Antes de asumir el cargo, el presidente José Raúl Mulino ya era víctima y denunciante de esta situación. A través de su cuenta de X (Twitter) ha expuesto en repetidas ocasiones que no cuenta con suministro eléctrico en su finca, casa y ahora en la Presidencia.
En 2015, tuiteó: "Hace 4 horas reporté a Unión Fenosa daño en Coronado. ¡No hay luz! Call center nulo. ¡Extraño al IRHE! Gran fiasco".
Casi diez años después, la situación no ha cambiado y Mulino ha prometido plantar lucha en beneficio de los usuarios.
"Allí hay mucho billete por recoger y aplicar, voy a ser implacable en eso. El servicio es deficiente y malo", indicó el mandatario.
La empresa Naturgy, de hecho, tiene una multa de 14 millones de dólares por incumplir las normas de calidad en la prestación del servicio de electricidad.
Para Pedro Acosta, dirigente de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (Uncurepa), la mala prestación de servicios en las pequeñas industrias ocasiona un aumento en el costo de los productos, haciendo que los consumidores finales paguen "la luz cara y los productos más caros", por ello, aprueba la decisión de sancionar a las empresas eléctricas.
A su juicio, las empresas tienen el sartén por el mango, lo que obliga al Gobierno a tener que dialogar para llegar a acuerdos con los que ambas partes estén conformes.
Con el apoyo y declaraciones del mandatario, la responsabilidad recae en el usuario, quien tiene la obligación de seguir denunciando y conocer sus derechos como consumidor.
"Hemos llegado al punto de acostumbrarnos y aceptar que la prestación del servicio es mala porque cada vez que compramos un aparato eléctrico también se adquiere un regulador de voltaje, ya es algo normal", puntualizó Acosta.
Al ser el Estado accionista y recibir un porcentaje de los dividendos de estas empresas eléctricas, puede que dentro de sus costos finales incluyan las sanciones para declarar menos ganancias, lo que a su vez genera menos lucro económico para el Gobierno.
"Hace falta más educación al consumidor, y que en la junta directiva de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) haya representación de organizaciones de consumidores para implementar proyectos que eduquen a la ciudadanía sobre sus derechos, maneras de hacer reclamos, y decisiones de la institución", recalcó.
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