Human Rights Watch afirma que la libertad de expresión está amenazada en Ecuador

José Miguel Vivanco es uno de los defensores de los derechos humanos que han puesto el grito en el cielo por la reciente condena al diario "El Universo", en una demanda interpuesta por el presidente, Rafael Correa, que él ve como una afrenta a las libertades públicas, según dijo hoy a Efe.

Vivanco se encuentra en Quito para asistir a la presentación de un informe elaborado por algunas organizaciones no gubernamentales sobre la libertad de prensa en Ecuador.

Es un tema que él ha seguido de cerca desde Washington, donde dirige desde 1994 el departamento de América Latina de Human Rights Watch, una de las organizaciones de derechos humanos de mayor prestigio en el mundo.

Vivanco, un locuaz abogado chileno que fue expulsado de Venezuela en 2008 por un informe que irritó al Gobierno, no se queda en las medias tintas al hablar, para él "la libertad de expresión se encuentra amenazada en Ecuador por las prácticas y las políticas que impulsa el actual gobierno del presidente (Rafael) Correa".

La máxima preocupación es el proceso contra tres directivos y el exdirector de opinión de "El Universo", el diario tradicional de mayor tirada en Ecuador, quienes fueron condenados en julio a tres años de prisión y a pagar 40 millones de dólares por una columna que Correa considera injuriosa.

A juicio de Vivanco, si los tribunales superiores ratifican esa sentencia forzarán el cierre del diario "y el impacto que va a generar en el resto de medios es realmente muy nocivo para el ejercicio de las libertades públicas", pues llevará a la autocensura, ante el temor de otros periodistas a correr la misma suerte, según dijo.

El Gobierno, obviamente, tiene una visión muy distinta.

Alembert Vera, abogado del presidente, saludó la condena del diario como un triunfo de la "verdadera" libertad de expresión, "que consiste en que no exista el derecho al insulto".

Correa insiste en que tiene derecho a defenderse de las injurias en los tribunales como cualquier otro ecuatoriano.

En cambio, Vivanco afirma que por ser presidente debe estar sujeto a un escrutinio mayor que otra persona y a un debate público "descarnado" e incluso "ofensivo".

Para defenderse goza, como los otros mandatarios, de un acceso "privilegiado" a los micrófonos y a la prensa, del que carece cualquier ciudadano de a pie, según Vivanco.

En Ecuador en lugar de existir más margen para la crítica a los funcionarios, el sistema legal les otorga una protección legal especial, según Human Rights Watch.

Así, el Código Penal ecuatoriano establece penas por expresiones "en descrédito, deshonra o menosprecio" de una "autoridad".

Eso fue lo que Correa cree que ocurrió en la columna publicada por "El Universo", que le llamaba "dictador" y aseguraba que durante una sublevación policial el 30 de septiembre de 2010 él ordenó "fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente".

Correa estuvo retenido gran parte de ese día por agentes amotinados en el hospital, hasta que fuerzas leales le rescataron en medio de un tiroteo.

Esos acontecimientos han marcado al presidente, que ha indicado en varias ocasiones que no dejará que "se juegue contra su honor" ni con "los hechos del 30 de septiembre".

Vivanco mantiene, por su parte, que "el mayor daño a la reputación de este gobierno y del presidente Correa lo constituye esa sentencia", pues ha dado "la vuelta al mundo" la noticia de su malestar con el columnista y su insistencia en "una indemnización completamente injustificada, desproporcionada".

A Human Rights Watch también le inquieta el uso por parte del Ejecutivo de las llamadas "cadenas", programas de emisión obligatoria por todos los medios audiovisuales.

Vivanco cree que están justificadas cuando hay una catástrofe o un problema de envergadura capital, "pero no como un mecanismo para frecuentemente estar haciendo valer los puntos de vista del gobierno".

También ve con aprehensión la creación de un consejo para regular los contenidos sexuales, violentos o discriminatorios de la prensa, que se debate actualmente en la Legislatura.

El Estado "no puede inmiscuirse al punto de definir lo que es permitido ver, oír o leer", alertó Vivanco.