Familias nicaragüenses son obligadas a realizar “entierros exprés”

MANAGUA — Pocas horas después de que Yamil Acevedo murió en un hospital, trabajadores de una funeraria enfundados en trajes contra materiales peligrosos amarraron su ataúd a una camioneta, condujeron a un cementerio y lo enterraron en la oscuridad de la noche.

Las familias nicaragüenses están siendo obligadas a realizar “entierros exprés”, sin tiempo para llamar a un sacerdote o comprar flores. Están sucediendo de una manera tan desordenada que a los familiares les preocupa que haya errores. “Ni siquiera sé si la persona en ese ataúd era él”, dijo Amani, la hija de Acevedo.

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Se han formado largas filas en hospitales, y las farmacias se han quedado sin medicamentos. La popular temporada de beisbol ha sido suspendida, con los jugadores negándose a salir al campo. En todas partes hay señales de que el coronavirus está arrasando por Nicaragua. Pero el Gobierno insiste en que tiene al virus controlado, con el menor número de muertes por COVID-19 en Centroamérica.

Nicaragua, una nación de 6.4 millones de habitantes, es una de las últimas en resistirse a adoptar medidas estrictas para frenar la propagación de la enfermedad. Nunca cerró sus escuelas. No cerró negocios. Durante la pandemia, el Gobierno no sólo permitió eventos masivos, sino que los organizó.

Sin realizar ninguna prueba para COVID-19, se les dice a las familias que sus seres queridos murieron de neumonía y —por temor a contagio— se les insta a sepultarlos lo antes posible.

Ante las críticas, el Gobierno emitió un informe el 25 de mayo en el que afirmaba que los críticos intentaban sembrar caos y que la mayoría de las personas en el país, el segundo más pobre del Continente, no podía darse el lujo de perder el empleo bajo un estricto confinamiento.

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El Gobierno comparó su enfoque con el de Suecia, argumentando que la respuesta de cada país debe adecuarse a su propia realidad.

Durante casi dos meses, el Gobierno reportó sólo un puñado de infecciones. Sin embargo, a fines de mayo, cuando las señales de la propagación se volvieron evidentes, el conteo del Gobierno se disparó por 10, y el Ministerio de Salud ahora informa que ha confirmado 759 casos y 35 muertes. El Observatorio Ciudadano, un grupo anónimo de 90 voluntarios de salud pública que rastrean casos de coronavirus en Nicaragua, calcula el número de muertes en 805. Contaban 3 mil 725 casos al 30 de mayo.

Acevedo dijo que lo absurdo del diagnóstico de neumonía dado a su padre, un hombre de 61 años que murió después de dos semanas de enfermedad, se vio subrayado por el momento de su funeral: la medianoche. “Mi padre no murió de neumonía”, aseguró. “Mi padre murió de COVID-19”.

La confianza en el Gobierno nicaragüense es baja. Hace dos años, levantamientos contra el presidente Daniel Ortega dejaron cientos de personas muertas o encarceladas. El Gobierno ha dicho que sus oponentes estaban tratando de usar la pandemia para forzar el colapso económico y socavar a la Administración de Ortega.

Algunos doctores dicen que temen hablar, ya que podría costarles su empleo o algo peor.

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Carlos Quant, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Manolo Morales, en Managua, señaló que al menos 100 trabajadores de su hospital no estaban trabajando porque estaban enfermos, no obstante el hospital dejó de realizar pruebas a los miembros del personal para detectar la enfermedad. Dijo que era probable que pocos de los pacientes que murieron de COVID-19 tuvieran la causa correcta de muerte en sus certificados de defunción.

“No sé si es una mala intención tener un conteo inexacto, ocultar información u ocultar datos, pero es muy fácil para el Gobierno decir: ‘no, éstas son neumonías atípicas’”, dijo. “Y, claro, son neumonías atípicas, porque no les hacen pruebas”.

Como el Gobierno tiene centralizadas las pruebas, es difícil que los hospitales privados realicen sus propios exámenes.

“Ocultan la información y ocultan las pruebas”, declaró Luis C. Siero Alfaro, cuyo padre, Cristóbal Siero Huembes, de 59 años, piloto de una aerolínea, murió el 15 de mayo. “Las noches en que mi padre estuvo en el hospital militar, sacaban a entre 15 y 20 personas por la parte de atrás todas las noches. Uno podía verlo. Uno veía gente que lo filmaba”.

La vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es la primera dama, criticó esos videos diciendo que eran “fake news” filmados en otros países. Pero un video que Siero grabó del cuerpo de su padre cuando era llevado al cementerio al anochecer muestra escenas inconfundibles de Managua.

Alexander Villegas contribuyó con reportes.