Alternativas a la solución minera

Las manifestaciones que hemos visto hoy en día son producto del poder público constituyente; es decir, el poder de poderes dentro de la organización política de una nación; ese poder que clama, que habla, que se queja y se retuerce, es mercurio dentro del termómetro de la política y es el pulso real de vida de una sociedad organizada.

Contra ese poder no valen argumentos, ni siquiera constitucionales, porque es la Constitución viva y está integrada por factores de poder que pueden hasta hacerle caso omiso a la palabra escrita. Ante ese fenomenal poder nos encontramos hoy en día, y somos muy privilegiados de poder atestiguarlo durante el curso de nuestras vidas.

La negociación no cabe en estos casos; vale más la sintonía con los propósitos que se desbordan en protestas. De la lectura apropiada de ese sentimiento colectivo, podría ser eco y receptor nuestro gobierno. Una especie de canalización apropiada de una fuerza viva que, desatada y fuera de control, no habría forma pararla.

No vale, tampoco, simplemente aprisionarla con una camisa de fuerza, porque se asimila al agua: siempre busca su propio nivel y no existe hasta la fecha ningún ingenuo humano que evite el cumplimiento de sus leyes.

Al estar, reitero, ante esta formidable fuerza, que supera en creces a la letra escrita de la propia Constitución, considero que más que pedir a quienes representan esa fuerza que se replieguen y contengan la energía volcada en las protestas; se debería ofrecer alternativas que, por lo menos, bajen los niveles de presión de la fina y delicada maquinaria de la convivencia pública. Entre esas alternativas, considero que se debe proponer como medida de urgencia nacional y de interés público, el establecimiento de centros de diagnóstico de para mitigación y reparación de problemas de salud que pudieran estar relacionados con la actividad minera; centros de mitigación y reparación de daños ambientales que propongan cursos de acción que puedan revertir los daños que se han producido y contener aquellos que pudieran ser irreversibles ya; organismos de apoyo social, para que la mano de obra, la actividad productora artesanal, agropecuaria e informal, que pudiera verse afectada por la actividad minera, mantenga alternativas viables para el sustento de sus familias.

Ninguna de esas organizaciones debe ser administrada por el brazo político, sino que deberían mantenerse operativas a través de la figura de los patronatos, en los que el ciudadano común, mantiene una representatividad genuina y clara. Esos patronatos, creados por ley, deberían tener capacidad para emitir decisiones que tengan un impacto directo en la actividad minera o en su proceso progresivo de cierre y de compensación por daños, y deberán ser financiadas, enteramente, por la propia actividad minera que ya está encaminada hacia su finalización total.

Otra alternativa debería ser la planificación de uso de las instalaciones de la minera y de las vías ya construidas para implementar un Canal Seco Penonomé-Colón, usando el puerto ya existente en el Atlántico.

Iniciativas como las anteriores no pueden ser propuestas, únicamente, por el gobierno, sino que deben descansar en pilares los más cercanos a las manifestaciones del poder público constituyente: amas de casa, hogares, estudiantes, docentes, trabajadores empresarios y, en general, el concurso de las fuerzas vivas de una nación.

Considero, por ejemplo, que ya deben proponer alternativas que vayan más allá de la formalización material de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, o de un proyecto de ley derogatorio de la Ley minera; digo lo anterior,

porque las fuerzas vivas y los poderes reales de una nación no funcionan ni se recogen en sentencias o leyes escritas que, únicamente, pueden ser la canalización y el eco de las voluntades de la mayoría.

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