El debate de la Caja de Seguro Social

En el inicio (lunes 18 de enero 2021) de un diálogo excluyente de actores sociales sobre la importancia de la seguridad social para el futuro de los ciudadanos, sean formales e informales, se deberá enfrentar, en forma colectiva, el camino de la incertidumbre acerca de las inseguridades económicas que experimentan los panameños a partir del inicio de la COVID-2019.

No se trata de hacer propaganda, de diálogos, sino de promover la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en Panamá, una promesa jamás cumplida por los actores que promovieron la actual ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS), por supuesto que requerirá un desafío en la vinculación muy estrecha con la política fiscal en el escenario de la construcción de una nueva transacción entre la política fiscal y la social.

Los esfuerzos por corregir amargos errores, promovidos por nuestros gobiernos y la empresa privada, en temas de la seguridad social se deberán consagrar y respetar acuerdos que surjan desde los ciudadanos y el Estado (trabajadores y empleadores).

El debate sobre la seguridad social en Panamá deberá estar orientado a construir una sociedad que garantice la justicia social y que promueva derechos económicos-sociales y no intereses políticos y empresariales particulares.

Un sistema de protección social es más que una estructura institucional: es un acuerdo político al que concurre la sociedad para establecer las bases sobre las que desea construir y regular su convivencia (CEPAL, 2006).

A partir de la creación de la OIT en 1919, la Declaración de Filadelfia de 1944, el Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y los numerosos convenios y recomendaciones de la OIT, pueden inferirse los principios de la seguridad social.

El fenómeno demográfico requerirá un análisis riguroso y no improvisado, para examinar y actuar en forma anticipada en la protección que requieren los ciudadanos panameños con políticas fiscales claras que permitan viabilizar el potencial de protección social para todos los ciudadanos y, en especial, a los que no cuentan con una cobertura del sistema de pensión.

En Panamá, la tendencia es volver a instaurar el principio de la solidaridad y lograr crear nuevos instrumentos contributivos como elementos fundamentales para el desarrollo de un sistema de pensión sostenible, ya que en las anteriores reformas, en el gobierno de Martín Torrijos, se implementó un esquema de capitalización individual que más que resolver, agravó la institucionalidad financiera y solidaria de la Caja del Seguro Social.

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El sistema de pensiones es un esquema que depende del mercado laboral y que determina el desarrollo de las pensiones. En Panamá, además, no existen estadísticas exactas del mercado informal. La COVID-19 dejó secuelas en el mercado laboral, y la paralización de la economía por decretos ejecutivos, ha incorporado a la informalidad a más de 531 mil ciudadanos panameños de una población activa de 2.1 millones de personas.

Medios de comunicación han destacado que habrá una crisis laboral sin precedentes, lo que se tendrá que evaluar es si las propuestas que presentará el gobierno actual sacudirán al país o permitirán visualizar una alternativa viable para el sistema de pensiones en Panamá.

Se hace difícil visualizar el impacto de la pandemia (COVID-19) en la economía panameña, pero el camino está abierto para que el Estado y los ciudadanos, a través del debate de la Caja de Seguro Social, logren emprender una estrategia que salve a la institución, que tiene que ser solidaria y humanística; pero lo que sí estamos seguros es que no es a través de fórmulas como la de aumentar la edad de jubilación y la cuota obrero patronal, es que se resolverá la situación integral de la Caja del Seguro Social.

La calidad de la cobertura en el sistema de pensiones en Panamá es un gran reto, por la desigualdad, la lejanía en la calidad de los servicios de la Caja del Seguro Social, el problema de medicamentos necesarios para la salud de todos los panameños y la ineficiencia de los directores en la gestión de administrar, quienes han fracasado.

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Paralelo a esto, una ley 51 que fracturó la cadena de solidaridad, a partir del 2008, que empujó obligatoriamente a trabajadores a inscribirse al sistema de cuentas individuales, crearon un grupo cerrado que pertenece al sistema solidario, que está pagando las jubilaciones de hoy y, a su vez, este grupo no tiene quién le financie las pensiones cuando alcance la edad de jubilarse (57 las mujeres y 62 los hombres). Entonces, los usuarios no están dispuestos a cargar los errores del pasado.

Economista.