La crisis de empleo formal, precipitada por la COVID-19, está siendo particularmente severa con la clase humilde, jóvenes y mujeres. Aún existen unos 120 mil contratos laborales suspendidos, mientras que 4 de cada 5 trabajadores que ya perdieron sus fuentes de ingresos, ganaban menos de $750 mensuales.
La dramática reducción de empleo formal acentuó la contracción que se inició en el 2013, cuando los asalariados privados representaban 53% de todos los empleos, para caer a 33% en el 2020, reducción de 20 puntos en 7 años. Foto: Víctor Arosemena. Epasa.
Rara vez, sabemos cuál es el problema, pero "siempre" sabemos quién es el "culpable (s)". En esta dinámica de "buenos y malos, ricos y pobres, víctimas y victimarios", estamos convencidos DE que tenemos la razón y la "solución" es que "los malos" cedan (Gobierno, empresarios, ricos, sindicatos, extranjeros, empresas extranjeras, OCDE, GAFI, Unión Europea, etc.).
Luego de 30 años de crecimiento económico y expansión del empleo, Panamá perdió 289 mil plazas de trabajo (15% de su fuerza laboral), que en una economía que genera 45 mil empleos anuales (promedio 2014-2019), tomará más de 6 años recuperar. No hay manera de matizar este hecho.
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La planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la COVID-19 lo sufre el sector privado, que perdió 327,340 plazas de trabajo, 37% de sus empleos formales, fenómeno directamente responsable de la caída del 40% en los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) en el 2020 y la reducción de unos $600 millones mensuales de consumo ($7,200 millones anuales).
La dramática reducción de empleo formal acentuó la contracción que se inició en el 2013, cuando los asalariados privados representaban 53% de todos los empleos, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años. Más aún, 92% de los empleos generados en la última década (2010-2020) fueron informales, y el otro 8% fue el resultado de aumentos en la planilla estatal.
Cada $1 en salarios privados aporta $0.23 a las finanzas del Estado, vía Impuesto sobre la Renta, Cotizaciones a la Caja de Seguro Social (CSS) y Seguro Educativo. El salario del funcionario también, pero siendo el Estado el empleador, equivale a "sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro".
El Informal aporta poco a las finanzas del Estado. Hoy tenemos menos asalariados privados y casi el doble de funcionarios de los que había en el 2004. 2 de cada 3 trabajadores en el país son informales y funcionarios. Estamos ante el peor episodio de destrucción masiva de empleo formal de nuestra historia.
La crisis de empleo formal, precipitada por la COVID-19, está siendo particularmente severa con la clase humilde, jóvenes y mujeres. Aún existen unos 120 mil contratos laborales suspendidos, mientras que 4 de cada 5 trabajadores que ya perdieron sus fuentes de ingresos, ganaban menos de $750 mensuales. 57% de los jóvenes menores de 30 años ahora desocupados trabajaban en el Comercio o eran personal no calificado. En el caso de las mujeres, es 56%. En ambos casos, empleos formales.
En consecuencia, la contracción del consumo ($600 millones mensuales) es particularmente aguda en estratos humildes, la cual viene siendo parcialmente compensada con el Bono Solidario y otras medidas de corte asistencialistas por parte del Gobierno Nacional, financiadas a través de deuda.
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Si no logramos reactivar la generación de empleo formal y decente, que paga impuestos y cotiza a la CSS, será difícil rescatar las finanzas de la entidad. Y será imposible disminuír la desigualdad social si solo generamos empleo informal.
Generar empleo formal será un reto. Los "motores históricos" de empleo están financieramente golpeados y ya para el 2019 mostraban altos niveles de informalidad. 56% de la Población Ocupada No Agrícola se concentra en 5 sectores: Comercio (47.2% de empleo informal), Construcción (58.9%), Industria (60.4%), Logística (59.5%) y Hoteles/Restaurantes (52.1%).
El Gobierno adelanta esfuerzos para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) y explorar nuevos sectores económicos, como la Minería. 70% de la IED en el país proviene de la reinversión de utilidades, pero necesitamos dinero fresco.
La Ley No. 41 de 2007, que creó el Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) en Panamá ha atraído $1,100 millones en inversiones y generado unos 35 mil empleos.
Por otro lado, informes del Centro Nacional de Competitividad (CNC) y la firma INDESA acerca de la operación de la empresa Minera Panamá, documentan unos 5 mil empleos formales directos (39 mil empleos directos, indirectos e inducidos) y $583 millones anuales en consumo, a través de compras de insumos y servicios en el país.
A las consideraciones de tipo contractual, impositivo, ambiental, etc., en relación a la IED, deben agregarse ambas variables. ¿Cuántos empleos se van a generar? ¿Cuándo? ¿Cuánto consumo vamos a agregar a la economía? ¿Cómo medimos y visibilizamos esos impactos?
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Respetando las posiciones a favor y en contra de la IED, necesitamos generar empleos formales Urgentemente. Para ello es imperativo un diálogo abierto, basado en cifras reales y verificables, más que "posiciones". Lo que no se mide, no existe. Es hora de buscar consensos, no "culpables".
Asesor Empresarial.
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