El desmoronamiento de la República

Protesta ciudadana por la forma de administrar justicia, en las escalinatas de la Corte Suprema.

Históricamente, Panamá no escapa a la tradición política similar de aquellos países en donde la clase dominante se ha adueñado de todo.

Esa clase está integrada por personas que se adscriben o matriculan en barras de poderosos sectores de poder económico.

Manejan el capital y, por consiguiente, son capaces de determinar el curso de las relaciones económicas, de las sociales, del propio funcionamiento del Estado, y se posesionan de los principales cargos en el ejercicio del poder político.

Son los señores feudales del presente. O, tal vez, los gamonales de un reciente y mal recordado pasado. Es así como estos sectores se convierten, en el orden de las cosas, en repartidores de cuotas de poder en los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Han sido excepcionales los casos en los que el pueblo, como tal, ha logrado poner a personas de claro raigambre popular en posiciones cimeras, entendiendo por ello que se trata de hombres y mujeres que han salido de la misma matriz del pueblo y que por sus estudios y capacidades, dones y talentos, han sido tomados en cuenta y, cuando no, porque estos, hábilmente, se han aproximado a los círculos de poder y se han hecho de espacios en los que terminan como servidores de esos mismos círculos.

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Simple y sencillamente, estos últimos se han dejado encriptar por quienes se creen destinados por un sortilegio extraño a ser los dueños de la patria.

No descarto en esta estratagema de cosas a quienes han llegado, inclusive, al solio presidencial siendo una especie de "arlequín" en manos de los que controlan todo en nuestro país.

El panorama político, a mi juicio, en nuestra historia republicana, solo ha dado muestra de un caudillismo serio con el ascenso al poder del extinto Gral. Omar Torrijos Herrera.

El discurso torrijista fue motivado por aspiraciones y anhelos del pueblo que cifraba sus esperanzas en una mejor distribución de las riquezas, un mejor ingreso per cápita, mejor inversión del gasto público, igualdad concreta de todos ante la ley, igualdad de oportunidades, rendición de cuentas, transparencia en la gestión pública, la reivindicación del Canal de Panamá, la inspiración de una filosofía política centrada en el nacionalismo y en la clara defensa de los intereses nacionales, el amor y cariño que se deben profesar a la patria, posesionar a Panamá en el plano internacional y ubicarla en un lugar destacado en el concierto de las naciones conocidas en el pasado como "tercermundistas", importancia del agro en la economía del Estado, trascendencia del sector obrero y campesino, profesional y estudiantil en la conformación de la vida nacional, la libre empresa con sentido de solidaridad social, desarrollo integral de la nación, una propuesta educativa en función del plan de desarrollo nacional, un programa de salud.

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Aclaro que estas menciones son tan solo, como ejemplos, a título de remembranzas por cuanto debo acentuar el hecho de que el acontecer político torrijista se posesionó en casi todos los aspectos de la vida política e institucional de Panamá.

Tampoco puedo soslayar el hecho de que un gran número de críticas le fueron formuladas a esa época política: dictadura o ejercicio del poder político en manos de un solo hombre, exilio de los adversarios, ausencia de protagonismos claros y vivientes de partidos políticos de oposición, persecución de los contrarios o enemigos del poder, pantomimas de gobiernos civiles, etc.

Sin embargo, ese modelo torrijista, como ningún otro, impactó a toda la institucionalidad jurídico-política del Estado a los extremos tales que, hasta el día de hoy, sobreviven un cúmulo de instituciones que nacieron en cuna del torrijismo y que bueno es divulgarlo: Código de Trabajo, el diseño constitucional -ya dando muestras de un agotamiento extremo, pero vigente-, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Instituto Panameño de Turismo, etc.

Pero he de acotar que la realidad que luce el Estado actual -sobre todo, la decadencia de sus instituciones y que son ínsitas a la vida republicana y a la misma democracia- no hace otra cosa que mostrarnos un deplorable panorama de Panamá.

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La solidez de nuestra vida institucional ha venido deteriorándose de tal modo que tanto la República como la vida democrática han quedado atrapadas por modelos autoritarios de ejercicio del poder político en detrimento de los sectores más golpeados económicamente en nuestro medio.

El reciente escándalo suscitado entre la entidad que es la máxima representación de la persecución penal y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia -exalumno- no es más que una muestra de esta crisis y que, vista objetivamente, entraña la confrontación entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial, pero al parecer, pocos advierten lo delicado de la situación.

Abogado