El fallo atenta contra el Estado de Derecho

No cabe duda que los Magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, al dictar el fallo en que condenan al Estado panameño al pago de la exorbitante suma de diecisiete millones de dólares en prestaciones ilegítimas a trabajadores, al servicio del Estado, que apostaron al éxito de una asonada golpista protagonizada por un militar resentido, actuaron a la ligera, no hicieron un análisis serio de la cuestión bajo estudio, se alejaron de la realidad y atentaron contra el Estado de Derecho.

Para llegar a esta injusta decisión, los señores de esta Corte, no tomaron en cuenta que Panamá, es un país que lucha cada día por fortalecer su democracia y que los valores de ésta están por encima de las pretensiones inmerecidas de trabajadores al servicio del Estado que apoyaron abiertamente la asonada golpista y rebelión de un militar ambicioso, cuyo objetivo consistía en clausurar las instituciones democráticas nacientes.

Debe tenerse presente, que el incipiente gobierno democrático de Endara, surge como producto de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, pero además, recordemos que Endara ganó por abrumadora mayoría las elecciones de1989, triunfo que fue reconocido tardíamente por el Tribunal Elector que entregó las credenciales respectivas tanto a éste, como a sus dos vicepresidentes.

Por tanto, a partir del momento en que se instala la Asamblea Legislativa y se conforma una Corte Suprema saneada, comienza a vivir la República de Panamá, en un Estado de Derecho, cuyas instituciones merecían respeto de todos los panameños y extranjeros residentes en el territorio nacional.

De modo, que desde el instante en que un militar de ambiciones ilimitadas, apoyado por un grupo de trabajadores al servicio del Estado, lideriza una intentona golpista, contra el gobierno constituido, está atentando contra el Estado de Derecho, lo que se hace extensivo a las resoluciones dictadas por organismos nacionales o extranjeros que avalen tal proceder.

De aquí, que no tenga razón valedera, la dictación de este fallo absurdo, injusto, inmoral y arbitrario contra el Estado panameño, que indica que estos señores de la Corte Interamericana viven en otro planeta.

Este fallo, es injurídico e inmoral, porque viola todas las resoluciones dictadas por la Corte Suprema panameña que niegan las pretensiones de estos grupos obreros inmersos en la política e inmoral, porque esta conducta irregular no corresponde a la que deben observar los jueces en un sistema democrático.

Los países de América Latina, tienen los instrumentos jurídicos para defender la democracia contra sus enemigos, pero debe quedar bien claro, que quienes se involucran en asonadas golpistas y rebeliones, deben afrontar las consecuencias que tales actos acarrean, y no valerse de demandas improcedentes para hacer valer derechos, que por sus actos perdieron.

Por eso, consideramos, que este fallo representa un inmerecido premio a los conspiradores y enemigos de las instituciones democráticas.

Debe pagarse, porque Panamá aceptó la jurisdicción de esta Corte.

Pero la respuesta enérgica e inmediata del Gobierno Nacional, debe ser enviar con carácter de urgencia a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley mediante el cual se desconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se declare que la República de Panamá no acatará la obligatoriedad de sus fallos.

Dejamos constancia que no somos enemigos de las conquistas y aspiraciones de la clase obrera, pero los intereses superiores del Estado panameño deben prevalecer sobre cualquiera otras, en este caso.