Los elementos más radicalizados de los sectores económicamente dominantes del país, frente a los problemas que ellos mismos crearon con la aprobación de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, promueven ahora la idea de pasar a todos los asegurados al sistema de cuentas individuales, las cuales serían administradas por entidades privadas.

Esta forma de fundamentalismo llega tan lejos como para proponer, además, que el Programa de Enfermedad y Maternidad también sea manejado con un esquema de cuentas individuales.

La experiencia recogida en un reciente libro patrocinado por la OIT, publicado bajo el sugestivo título "Reversing Pension Privatization" (2018), muestra la falacia de las pretensiones de estos sectores radicalizados.

Entre los problemas detectados por los autores del libro está el hecho de que la cobertura de los programas de pensiones por vejez se ha visto deteriorada por la privatización, afectando así el principio de la universalidad. 

En el caso de Argentina, por ejemplo, la población cubierta se redujo de 42% en 1993 a tan solo 35% en el 2002.

A esto se tiene que agregar el también significativo deterioro de los niveles de pensiones.

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En el caso de Chile esto no solo significa que la tasa de reemplazo, es decir el monto de la pensión en relación con los últimos niveles de salario, es de apenas de 15%, lo que se refleja en que, de acuerdo con la llamada Comisión Bravo, cerca del 80.0% de los jubilados recibirán pensiones inferiores al salario mínimo vigente.

Se trata, vale la pena añadir, de una situación que también se caracteriza por la inequidad de género, lo que se observa claramente en el caso de Bolivia donde el número de mujeres adultas mayores que recibieron una pensión se redujo de 23.7% en 1995 a 12.8% en el 2007.

Entre los problemas que genera el paso del sistema solidario al de cuentas individuales está el llamado costo de transición, el que significa que alguien debe hacerse cargo de las pensiones de la última generación de pensionados del régimen solidario.

En Panamá el Gobierno evitó enfrentar este compromiso, dejando a toda esta última generación en el peligro de no poderse jubilar.

El documento bajo análisis llama la atención sobre el hecho de que el manejo privado de los fondos de pensión eleva enormemente sus costos administrativos.

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Es así, nuevamente para dar un ejemplo, que en Colombia estos pasaron del 2.6% de las contribuciones (cuotas) en 1993 a 25.9% en el 2002, afectando a la baja los niveles de pensiones.

Más aún, el libro que comentamos muestra claramente que gracias a las altas tasas cobradas a los asegurados por el manejo de los fondos de sus beneficios los grupos oligopólicos que controlan el negocio de capitalización, hecho facilitado por la llamada captura de regulación, hace que los mismos sean prácticamente los únicos beneficiarios de las cuentas individuales y la privatización.

Es vital, entonces, que los diversos sectores sociales, superando el vanguardismo y el sectarismo, unifiquemos los esfuerzos para evitar el avance de la privatización de nuestra Caja de Seguro Social (CSS).

El objetivo es que esta sea universal, pública y solidaria.

Economista.