La justicia en Panamá es tuerta, sorda y parlanchina

La justicia en Panamá se ha transformado de "la verticalidad de jueces y jurados", tal como lo establece la constitución y los cánones judiciales, en una justicia de "gustos y medios".

Es decir, me gusta o no me gusta el fallo.

Todo se discute y revisa en los medios y luego en los tribunales, pero la campaña publicitaria tiende a orientar el fallo antes de que el juicio se inicie.

Si no me gusta el fallo voy a los medios del No me gustó y despotrico, acuso, difamo, etc. sobre lo acontecido en el juicio, pues no fue el que debió ser.

Si estoy a favor del fallo, voy a los medios del Sí me gustó a vociferar por el "triunfo de la justicia" y acusar a la parte acusadora de ineptos, violadores del debido proceso, etc.

Nadie acepta los veredictos.

Hacen comentarios y ácidos cuestionamientos cuando lo que debieran hacer es aceptar el veredicto y proseguir con las herramientas jurídicas que le proveen las leyes.

Antes, el decir que la justicia era ciega era sinónimo de que los fallos eran imparciales y que los jueces o jurados eran ciudadanos íntegros. Ahora, la justicia, es binaria. Es proba si el veredicto es el que me conviene. Es corrupta si el veredicto es el que no esperaba.

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Ver a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) criticando y acusando a subalternos de este órgano judicial, se traduce en falta de ética, criterio profesional e intimidación de subalternos.

Ver a una Procuradora General de la Nación que le molestan las críticas a sus actuaciones, acudir a la CSJ a poner a querellar a una diputada por acusaciones públicas que esta hizo.

Lo que es violatorio a la Constitución, que prohíbe a funcionarios públicos querellarse por críticas a su labor.

Al aceptar un cargo público también se adquiere la responsabilidad de aceptar críticas a su gestión por más ácidas que estas sean.

Ver al Ministerio Público ensañarse en perseguir un fallo contrario al dictado en el caso de la Caja de Ahorros, en que fue establecido que no había actuaciones ilegales ni dolosas, que la propia institución declaró que se había procedido de acuerdo con las reglas de otorgamiento de préstamos y que no había sufrido impacto financiero, ya que el préstamo y sus intereses había sido cancelado en su totalidad.

Esto parece más bien un acto de revanchismo ante un fallo que no les favoreció.

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Ver a las asociaciones de magistrados y jueces sacar un comunicado a la nación cuestionando la intromisión a la independencia judicial y solicitando el "respeto y acatamiento de las decisiones adoptadas en los tribunales y que en caso de disconformidad, se recurre en tiempo y forma; que la independencia e imparcialidad de los togados es condición previa necesaria para la vigencia real de los derechos fundamentales

Ver a una Asamblea Nacional enfrentarse a la Contraloría General de la República para evitar auditorías y descubrimientos de posibles faltas y malos manejos de las partidas asignadas a ellos, lo que podría constituirse en delitos y ser sujetos a enfrentar a la justicia.

Nadie está por encima de la ley.

Si no la deben, ¿por qué temerla?

Ver a representantes de los poderes económicos encabezando marchas en contra del Órgano Judicial más no así contra el Ministerio Público y sus fiscales, que al no hacer bien su trabajo da como resultado el cometido de faltas a la presunción de inocencia y al debido proceso, y un fallo favorable al acusado.

Pero pregunto: dónde están los miembros del No me gustó, del Sí me gustó y los representantes de los poderes económicos cuando se juzga y se falla en los juicios contra los "hijos de las cocineras". Tampoco nadie felicita o critica a la fiscalía o defensa en estas instancias.

¿Dónde están cuando la Policía Nacional captura a malhechores y criminales y estos salen libres en unos días por artificios legales, para nuevamente a delinquir?

Nadie, en su sano juicio, diría que la justicia en nuestro país está bien.

Hay que mejorarla, reformarla o simplemente aplicarla, sin la menor duda.

La justicia en Panamá hoy en día podemos decir que es "tuerta, sorda y parlanchina" cuando debiera ser "ciega y sorda".

Ciega porque debe ser justa, imparcial y proba, respetando el debido proceso.

Sorda porque debe aplicarse las normas procesales basadas en las pruebas presentadas durante el proceso judicial, sin dejarse influir por los intereses de una u otra parte.

La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales deben basarse las sociedades y sus Estados, respetando la verdad por encima de todo.

Panamá se merece una justicia proba.

Es un derecho ciudadano, no un negocio como parece ser hoy en día.

Ex-Alumno del Instituto Nacional.