¿La voz de los sin voz? III

En nuestra entrega anterior, analizamos el reportaje de Elizabeth Muñoz de Lao, "Menores en Desamparo Jurídico" y rebatimos la idea de rechazar el Código de la Familia para optar por las garantías contenidas en la Ley de Penalización Juvenil, por estar estas "casadas" a instituciones que no beneficiarán ni al infractor adolescente ni a la ciudadanía.
Sin embargo, debemos reconocer la honestidad de la periodista y su esfuerzo por mantener la objetividad, pues finaliza el artículo con el siguiente párrafo:
"Si bien el proceso de resocialización dista mucho de ser por lo menos regular, hay gran cantidad de jóvenes que han salido de allí y que se han reintegrado plenamente a la sociedad. Hoy laboran en empresa pública y privadas de prestigio y hay quienes incluso, ingresaron a la Comisión del Canal de Panamá, según fuentes del Ministerio de Gobierno y Justicia" (sic).
¡Sus palabras son la mejor confirmación de que la supuesta inviabilidad del sistema se debe principalmente a razones presupuestaria, no a la bancarrora conceptual de la protección, reeducación y resocialización de los adolescentes abusados y los infractores! ¿Por qué abandonar un sistema que probó que funciona si está adecuadamente organizado, libre de burocratismo y provisto de los fondos necesarios? ¿Cómo se justifica racionalmente sustituir la redención humana por su represión?
A fojas 5 del segmento ya citado, obra el artículo final del mismo, intitulado"¿Será Ley muerta en un papel?" (sic), confeccionado por Flor Cogley L. Desde su inicio destacan los indicios que apuntan a una implementación de la ley que distará mucho de ser exitosa, por los factores no muy positivos que se han dado en su elaboración y por el distanciamiento que parece evidenciarse entre ese instrumento legal y nuestra realidad nacional.
Como subtítulo aparece: "Los legisladores manifestaron que los costos para ejercer el proyecto son altos, ya que se creará gran cantidad de entidades" (sic). Queda claro que incluso antes de la aprobación de la ley se tenían (y aún se tienen) serias dudas sobre la existencia de fondos suficientes para la creación y subsistencia de los múltiples organismos proyectados. ¿Cómo es posible que se condicione el futuro de nuestros adolescentes infractores a una provisión de fondos tan poco probable, por no calificarla de imposible?
Los primeros tres párrafos del artículo, entre conceptos, incluyen lo siguiente:".. se discutió.. el proyecto de Ley No 77, ... en medio de la ausencia de los legisladores principales, .... proyecto tan importante y profundo no captó el menor interés de los parlamentarios suplentes.." (sic). ¡Aterradora indiferencia! Tras ese análisis "concienzudo" y "entusiasta", ¿confiaremos en que la solución adoptada es la mejor para resolver en forma mutuamente beneficiosa la contradicción delincuencia juvenil - seguridad ciudadana, que a las medidas aprobadas no se les puede oponer alternativas de mayor mérito y que se consultó a todos los sectores de opinión? ¡Lo dudamos!
Según la periodista, el Lic. Víctor Méndez Fábrega opinó que el proyecto requería de una mayor discusión por lo complejo del mismo. Afirmó que la comisión redactora debatió el documento a lo interno y no lo sometió al escrutinio de la opinión pública interesada.
Siempre según la autora, el legislador opinó que "...este proyecto de ley no es más que una reacción ante los delitos que cometen los menores de edad, quienes son usados por los adultos para cometer fechorías. Es una repercusión para tratar de castigar "de forma especializada" a los jóvenes delincuentes, quienes deben ser resocializados..." (sic).
Exterioriza su preocupación por la falta de fondos, para la implementación de la multiplicidad de instituciones y figuras creadas y para el enorme recurso humano de que se tendrá que disponer; teme que, de no ser suficiente la provisión de fondos, el dinero se invertirá y no se verán los resultados. Finalmente, se atribuye al legislador Méndez Fábrega haber expresado que: "Lo que queremos son proyectos reales con proyección de futuro que no se conviertan en leyes encajonadas,..." (sic),
La comunicadora Cogley atribuye al legislador Mario Quiel haber afirmado que "..no solo es cuestión de sancionar a los menores delincuentes, sino que también deben tomarse a la par medidas preventivas y educativas para que los menores no caigan en el mundo delictivo", que "...este proyecto no debió discutirse y menos aprobarse durante las sesiones extraordinarias porque es muy técnico y profundo"(sic).