Los diplomas de la USMA

La Universidad Santa María La Antigua (USMA) tiene casi 40 años de operar en la República, período en el cual ha alcanzado su madurez y se ha ganado el respeto de la comunidad nacional y de algunos centros especializados del extranjero a donde sus egresados acuden frecuentemente en busca de post-grados, al margen de los que ofrece el propio centro.
Hoy día, los profesionales de la USMA ocupan destacadas posiciones de nuestro mundo económico, social y político, en cuyo desempeño dejan muy en alto el prestigio de su universidad. Una pequeña muestra del respeto que han ganado lo representa la cena anual que se organiza para obtener recursos y renovar compromisos de apoyo, que constituyen en cada ocasión una impresionante muestra de respaldo por parte de lo más granado de nuestro mundo empresarial y ciudadano.
Pese a los logros y el camino de éxitos reconocido, un inesperado obstáculo le ha salido al paso. El Ministerio de Educación está cuestionando sus títulos académicos bajo la explicación de que sus planes de estudio no han sido aprobados por la Universidad de Panamá. Los directivos de la USMA han respondido argumentando que les asiste un permiso originario, otorgado por el propio ministerio, que la autoriza para emitir títulos académicos.
El artículo 95 de la Constitución establece que "solo se reconocen los títulos académicos y profesionales expedidos por el Estado o autorizados por éste de acuerdo con la Ley". Es evidente que los títulos de la USMA se ubican en el segundo supuesto, esto es de los autorizados por el Estado conforme a la ley dado que, como explicamos fue, el propio Ministerio de Educación el que autorizó el funcionamiento de la USMA hace casi cuatro décadas.
El problema aparentemente surge porque el mismo artículo 95, antes citado, dispone a renglón seguido que "la Universidad Oficial del Estado fiscalizará a las universidades particulares aprobadas oficialmente para garantizar los títulos que expidan". Fiscalizar para garantizar, son los términos que emplea la norma constitucional; y la fiscalización implica -como en casos de auditoría contable-, verificar los elementos técnicos que tiendan al logro del objetivo deseado, esto es el de garantizar los títulos que emitan las universidades privadas como la USMA, para que tales correspondan a un deseable nivel académico.
Es evidente que estamos en presencia de un problema de comunicación que en circunstancias normales no debe ameritar controversia alguna y que debe por tanto solucionarse a través de un diálogo directo, en vez de una polémica confusa que no solucionará la diferencia surgida entre el Ministerio, la Universidad de Panamá y la USMA.
La consecuencia que esperamos surja del diálogo es que la USMA continúe trabajando y contribuyendo al desarrollo del país, al mismo tiempo que la Universidad de Panamá cumple con su mandato constitucional de fiscalizar para garantizar los títulos universitarios, mientras el Ministerio de Educación, como superior ente rector de la enseñanza del país, armoniza, en vez de atizar las diferencias surgidas entre ambas en torno a un procedimiento que debiera unirlas en un espíritu de franca cooperación y colaboración de mutuo beneficio.