Órgano Judicial con gobierno autónomo

Nuestro sistema jurídico asemeja un enorme árbol frondoso con multitud de ramas, con extensas y profundas raíces, en constante crecimiento. Foto: Archivo.

La administración de justicia en Panamá tiene naturaleza constitucional (Titulo VII) con poder para juzgar pleitos civiles y delitos penales y para ejecutar sus fallos, supuestamente de forma independiente y apolítica, algo difícil al no existir un auténtico gobierno del Poder Judicial como órgano regidor autónomo que tenga competencia no solo para nombrar jueces y magistrados sino además para garantizar la independencia de sus acciones y el cumplimiento de sus funciones.

Un gobierno judicial debe tener capacidades administrativas-gubernativas, en especial de nombramiento y ascensos por meritocracia; con inspecciones periódicas y un régimen disciplinario que filtre y destituya servidores judiciales ineficientes o corruptos, para garantizarnos una judicatura basada en valores de vocación y experiencia, con formación constante y con un desempeño altamente ético, moral y honesto.

Sus actuales 504 jueces y magistrados están agrupados en varias asociaciones (Amajup, Aspamaj) y seleccionan un Consejo de Administración de la Carrera Judicial, con demás personal asociados en la Asojup además del Colegio Nacional de Abogados, pero estos grupos son, en esencia, gremiales sin constituir un verdadero gobierno judicial independiente.

La estructura administrativa del Órgano Judicial (Acuerdo 9 de 1992) brinda servicios de apoyo administrativo para que las instancias judiciales reciban recursos presupuestarios, humanos y materiales; el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (Isjup) imparte educación jurídica a servidores judiciales; el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Sagj), con la digitalización de expedientes de tribunales, complementa y adiciona los servicios del Centro de Documentación Judicial, todo esto indudablemente hace mejor nuestro sistema judicial pero no garantiza su independencia porque ni tan siquiera se ha implementado la carrera judicial y es notoria la injerencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo en las acciones y funciones de nuestro sistema judicial.

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Para explicar la unidad del sistema jurídico y cómo se relacionan entre sí todo ese conjunto de normas jurídicas, gráficamente se utiliza la forma escalonada de la famosa "pirámide de Kelsen" con la constitución en la cúspide y los acuerdos ministeriales y otras disposiciones burocráticas formando su base.

Esta representación es demasiado nítida si adicionamos la estructura de la Corte Suprema de Justicia, los 234 juzgados y 14 tribunales distribuidos territorialmente por toda la geografía nacional o clasificados por su ramo o materia tratada; la coexistencia de procesos inquisitivos (escritos) y acusatorios (orales); todo el engranaje del Ministerio Público con sus procuradores, fiscales y personeros; además del proceso legislativo que crea las leyes de carácter normativo y compulsorio que rigen nuestra conducta social utilizadas en juzgamientos.

Más que el cuerpo geométrico de una pirámide, nuestro sistema jurídico asemeja un enorme árbol frondoso con multitud de ramas, con extensas y profundas raíces, en constante crecimiento.

Si queremos un verdadero Estado de Derecho en Panamá, basado en el principio de legalidad, que valora la justicia como su objetivo principal, entonces es tarea del próximo gobierno cuidar y cultivar ese árbol frondoso, dotándolo de un gobierno judicial autónomo que nos garantice una judicatura bien entrenada y fiscalizada, normas claras y consistentes y la sumisión del Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial.

Ciudadano