Vacunación
La vía de procedimiento escogida, sobre el derecho a la vacunación de la Población con Discapacidad, imponiéndole un carnet o certificación para optar por la vacunación, hace polvo la iniciativa del órgano ejecutivo en lo apremiante de la inoculación.
Me deja perpleja la indiferencia y el mirar para otro lado de las múltiples Organizaciones de y para la Discapacidad. Foto: EFE.
El año 2020 sorprende al mundo y a la comunidad científica con un virus altamente contagioso, de una significativa letalidad. Panamá no escapó a ese escenario complejo de contagios y muertes por el nuevo coronavirus.
Es hora de reflexionar sobre qué ha pasado con las garantías de la salud y el bienestar de las Personas con Discapacidad, cuando una contingencia de salud como la que se vive en la actualidad ocasiona que el mayor número de víctimas fatales esté entre las personas de grupos vulnerables en particular, en los mayores de 60 años y Personas con Discapacidad.
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Resulta inverosímil la metodología trazada en la inoculación para los cuatrocientos mil panameños que comprende la población con Discapacidad en Panamá. La imposición por parte del Ministerio de Salud y de la Secretaría Nacional de Discapacidad, (Senadis), decidieron que las cinco mil Personas con Discapacidad registradas en el programa de Senadis, solo serán los que tendrán el derecho a vacunarse, siempre que porten un carnet expedido por esta institución.
Es que acaso la vida de una Persona con Discapacidad pende de un cartón enmohecido y anquilosado. Los desaciertos de estas dos entidades, (Ministerio de Salud y Senadis), nos dejan a las claras las disparidades entre los actores del Gobierno Nacional.
Paradójicamente, en los inicios de esta pandemia, el Presidente de la República, mediante la Resolución de Gabinete N°11 (13 de marzo de 2020) declaró “un estado de emergencia nacional suspendiendo las garantías individuales, como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa COVID-19”.
En este sentido, se restringió la libertad individual, así como los derechos laborales educativos y económicos, mediante resoluciones de gabinete y decretos ejecutivos. La Resolución de Gabinete N°10 (3 de marzo de 2020) elevó a “muy alta” la amenaza de propagación de la COVID-19 y facultó a los Ministerios de Salud y Seguridad Pública, para tomar medidas encaminadas a preservar “la salud, el bienestar y la vida de las personas.
Este hecho nos deja claro que para el Presidente de la República, la vida de los panameños, sin distingo de raza, clase social o discapacidad, está en primera línea. Por lo que queda en segundo plano una certificación o un carnet, cuando de preservar la vida se trata.
La vía de procedimiento escogida en su conjunto entre el Ministerio de Salud y la Senadis, sobre el derecho a la vacunación de la Población con Discapacidad, imponiéndole un carnet o certificación para optar por la vacunación, hace polvo la iniciativa del órgano ejecutivo en lo apremiante de la inoculación, no obstante, se aparta de la normativa constitucional vigente, lo que propina un nuevo garrotazo a la cacareada Inclusión Social.
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Asimismo me deja perpleja la indiferencia y el mirar para otro lado de las múltiples Organizaciones de y para la Discapacidad en Panamá, que en antaño se rasgaron las vestiduras en pro del Bienestar Social de los más vulnerables. O bien será que tienen la boca llena y no se atreven a denunciar este atropello.
Nada más.
Escritora y Comunicadora Social.
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