Pandemia, recesión, austeridad y Fitch

El reciente "Rating Action Comentary" de la empresa calificadora Fitch Raiting, que reduce la calificación del riesgo soberano de Panamá al nivel de BBB- , ha causado un gran revuelo en nuestro país, sobre todo porque llama la atención sobre la posibilidad de que el país pierda el grado de inversión.

Resulta, entonces, importante no solo comentar el contenido del documento de Fitch, sino develar cómo el mismo se vincula con los intereses de diversos grupos económicos externos y locales.

Se puede empezar señalando que la proyección de Fitch, según la que la economía panameña crecerá en 9.2% en términos reales en el 2020, resulta evidentemente exagerada, teniendo en cuenta que el primer trimestre, sobre todo por la lentitud del proceso de vacunación, está prácticamente perdido para la reactivación.

Un crecimiento menor al esperado hace poco viable la propuesta de Fitch de que la posibilidad de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, así como de reducir el alto nivel de endeudamiento público (60.5% del PIB), debe resolverse por la vía del incremento de los ingresos fiscales.

Esto llevará a las calificadoras de riesgos, que representan el interés de capital financiero, a intentar imponer al país una política de austeridad fiscal prematura, la cual llevaría a una mayor contracción de la demanda efectiva, así como a un notable retraso de la reactivación y de la recuperación de los niveles de empleo.

El capital financiero local seguramente apoyará esta estrategia, temeroso de que la reducción de la calificación del riesgo financiero afecte sus propios intereses.

Esta tendencia se puede advertir en las declaraciones de algunos de los voceros de los sectores económicamente dominantes. Por ejemplo, un representante de una empresa que realiza calificaciones en el país ha recomendado, recientemente, la reducción de la planilla estatal, lo que en este momento no solo elevaría el nivel del desempleo, sino que reduciría la demanda efectiva, generando efectos contractivos.

Este personaje propone, además, congelar todos los aumentos salariales que por Ley tienen algunos profesionales que trabajan en el sector público. Olvida este funcionario del capital financiero que los problemas del déficit fiscal también se pueden resolver por otras vías, tal como es la una política destinada a evitar la evasión fiscal. Se debe recordar que, de acuerdo con las cifras más recientes de la DGI, el incumplimiento fiscal alcanza una suma equivalente al 8.0% del PIB, debido principalmente a la evasión fiscal observada en el caso de las empresas del sector corporativo.

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Esto llevará a las calificadoras de riesgos, que representan el interés de capital financiero, a intentar imponer al país una política de austeridad fiscal prematura, la cual llevaría a una mayor contracción de la demanda efectiva, así como a un notable retraso de la reactivación y de la recuperación de los niveles de empleo.

La Cámara de Comercio, con su acostumbrada hipocresía, no solo intenta desligarse de las causas que generaron la actual contracción económica, entre las que se encuentra la apertura prematura de la economía sin contar con un control efectivo de la pandemia, la cual fue promovida por esa institución. Además, propone un plan de austeridad y contención, el cual, en las actuales condiciones, tal como se señaló, generaría un mayor desempleo y una afectación negativa sobre la demanda efectiva y el nivel de actividad económica.

Tanto las calificadoras como los sectores económicamente dominantes también han puesto sus ojos en aumentar el nivel del ITBMS. La calificadora Fitch ha señalado de que el mismo tiene en Panamá uno de los niveles más bajos de la región. Mientras que un funcionario local, de otra empresa calificadora, insiste en que el mismo es el más fácil de elevar.

También han puesto los ojos en la elevación de la edad de jubilación y del monto de las cuotas para el programa IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), así como en la reducción del monto de las pensiones, las cuentas individuales y la privatización del manejo de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS).

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Estamos frente a un proyecto neoliberal completo que afectaría muy negativamente al conjunto de la población, sobre todo la más vulnerable.

Economista.