Salvo algunos voceros y personas relacionadas con el tema de las Instituciones Financieras Internacionales –IFIs-,  amén de esporádicos mensajes difundidos a través de las redes sociales, acreditando oposición al proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal, soy del criterio que poco o nada es lo que se ha dicho al respecto de un pretendido instrumento legal que penaliza la evasión fiscal y crea, como delito precedente, tal evasión para configurar, en otro orden, un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Quiero, en esta entrega, referirme a lo que como abogado que soy, estoy advirtiendo en lo que será una ley del delito de evasión fiscal en nuestro país.

Sin duda alguna, todo se relaciona a las exigencias del Grupo de Acción Financiera –Gafi- que estableció una serie de requisitos a nuestros países y que si no los cumplen, ingresan a una lista gris que los denigra como países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Lo que no le dicen al pueblo panameño es que estas instituciones financieras nos convierten en una especie de recaudadores, a como dé lugar, de dineros para ellos y sin respetar métodos ni formas, lograr que esos dineros vayan a parar a manos de ellos.

Para nadie es desconocido que nuestros países mantienen una deuda externa de cientos y miles de millones de dólares para con esas instituciones financieras internacionales, deudas estas que solamente pueden ser amortizadas si los Gobiernos, a través de sus ministerios o direcciones encargadas de recaudar los tributos, realmente logran sus cometidos y, de esta forma, corren a pagarles a esas instituciones.

Eso, en consecuencia de penalizar la evasión tributaria, solamente puede ser entendido bien desde esta perspectiva y no de otro modo.

Es decir, se trata de recaudar los impuestos, siguiendo sus métodos, para que las instituciones financieras conozcan a ciencia cierta qué es lo que tenemos en nuestro erario o tesoro nacional, qué podríamos tener o llegar a tener –dineros-. 

Sin duda alguna que el Gafi quiere tener acceso a nuestros números o registros contables, saber cómo andan los registros de los tesoros nacionales, para con ese conocimiento perfilar sus acciones en el mundo entero.

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Se trata de una nueva forma de dominio: dominan sobre el estómago de los pueblos y subyugan a los Gobiernos.

Dicho en otras palabras, estas instituciones conocerán toda la realidad económica de nuestra nación y sabrán cómo torcernos los brazos o apretarnos el pescuezo.

Lo más delicado deviene en el hecho cierto que el Gafi tiene el poder de quebrar a toda una nación sin importar mayor moral que la mera acumulación de la riquezas de nuestra naciones, pero no para desarrollar programas buenos para el pueblo, sino para que les pague.

El Gobierno panameño ha tratado de justificar el proyecto de ley No. 591 –ya aprobado en segundo debate- sobre la base de que Panamá, con urgencia, debe acreditar mediante la penalización de la evasión fiscal que es un país que da muestras claras de su real intención de luchar contra el blanqueo de capitales.

También se ha dicho que esto es importante, para Panamá, ya que permite la cooperación entre autoridades de diversos países en la persecución del delito.

Esto es falso.

Esa ayuda o cooperación ya existe en otros instrumentos legales.

Se ha dicho, también por parte del Gobierno, que concluida la plenaria del Gafi, para el mes de febrero de este año, se dará una reunión, cara a cara, con las autoridades panameñas y ese organismo para que Panamá muestre cuáles son sus avances en la lucha contra el blanqueo de capitales.

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Quede claro que la mera aprobación de una ley de esta naturaleza, es decir, la que penaliza la evasión fiscal, por sí sola, no indica que nos sacarán de una lista gris o que no nos incluirán en ella y que será para el mes de junio también que se tomará una decisión respecto a la República de Panamá.

La ministra Chinchilla de Varela ha dicho que en el año 2012 Panamá solo cumplía con cuatro de las 40 recomendaciones del Gafi para combatir el blanqueo de capitales y que en el mes de diciembre del año pasado, Panamá consiguió una evaluación positiva tras demostrar que cumplía con 35 exigencias o recomendaciones, es decir, excelente puntaje pero todavía en el fracaso.

De manera tal que para el Gafi, la cuestión más importante es convertir la evasión fiscal en delito y generar así la amenaza de que todo lo que tenga que ver con dineros después de una evasión fiscal puede ser tipificado como delito de blanqueo de capitales.

He dicho que esto es altamente peligroso para la nación y aunque se diga por parte de la ministra que solamente se penaliza la evasión fiscal fraudulenta por más de $300.000  anual y que solamente reportaron  más de 1 millón 200.000  de ganancias 81 compañías o empresas y que la ley no afecta a la mayoría de los 4 millones de habitantes, me parece infantil y poco serio, porque lo que viene detrás de esta ley no será otra cosa que un inquisitivismo perverso y la persecución nunca antes vista.

Y ello por una razón sencilla: En contra de los profesionales y de los empresarios se va a generar una presunción delictiva tras un informe o reporte de ganancias que hagan las autoridades por encima de la suma indicada y se le pondrá, como se dice en el vulgo panameño, en correderas o  a parir para que demuestre o pruebe que no hay tal  margen de ganancia, pero mientras, pende la guillotina de un proceso penal sobre meras conjeturas  o  presunciones en su contra.
Queda abierto el debate.

Abogado.