Salud sexual y reproductiva

Durante siglos construir una sociedad justa y equitativa ha sido la lucha de hombres y mujeres que han asumido la vanguardia de combatir un sistema inhumano de injusticias y discriminación.

La opresión de quienes han pretendido atribuirse la representación divina en la tierra, olvidan que la esencia de todo ser humano es la rebelión contra lo injusto. Más aún cuando acumula más de la mitad de la población mundial bajo una doble explotación representada por el sexo equívocamente concebido como "débil y sumiso": las mujeres.

La necesidad histórica de un cambio sustancial en las relaciones humanas conlleva la concepción de asumir y respetar la plena autonomía de las mujeres, pues no puede haber transformación social sin incorporar a la mitad de la población y por tanto, reconocer el legítimo derecho que tenemos de decidir sobre nuestro cuerpo y generar los mecanismos para el ejercicio pleno de los derechos en todos los niveles.

Está en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que adopta medidas para establecer y proteger los derechos humanos en materia de sexualidad y salud reproductiva.

El proyecto cumple con obligaciones asumidas por el Estado panameño a través de instrumentos internacionales ratificados y que son ley de la República como: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, la CEDAW, la Plataforma de Acción de El Cairo (1994), con respecto al compromiso de eliminar obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden brindar información de salud reproductiva a adolescentes y, específicamente, el principio 10 de esa plataforma establece: "Toda persona tiene derecho a la educación, que deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de los recursos humanos, de la dignidad humana y del potencial humano, prestando especial atención a las mujeres y las niñas".

Si esto no es suficiente, basta señalar que las estadísticas alarmantes sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), específicamente el VIH/SIDA está diezmando a la juventud, situación que debe alertar sobre la necesidad de brindar una educación integral en salud sexual y reproductiva, desprovista de prejuicios y fundada en criterios científicos, de salud y de derechos humanos, como establece el proyecto. Asimismo, obliga a reflexionar sobre temas importantes en la vida de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos: el Estado laico y los derechos humanos de las mujeres.

La Asamblea debe estar a la altura de los tiempos y por sobre criterios personales debe privar el principio de la laicidad del Estado y el respeto a los derechos humanos.

El proyecto de ley responde a una tendencia mundial a favor de los derechos de las mujeres; no obliga a ninguna a practicarse un aborto; lejos de promover la muerte, salvará la vida de muchas mujeres y evitará que un gran número de adolescentes y jóvenes abandonen la escuela o no terminen sus estudios, debido a embarazos no planificados y a que menos adquieran el mortal VIH.