Un informe actuarial amañado y hecho a la medida

El reciente informe de la Junta Técnica Actuarial (JTA) de la Caja de Seguro Social (CSS), dirigido a la valuación del régimen de invalidez vejez y muerte, contiene un lado obscuro que afecta el bienestar futuro de los asegurados del subsistema solidario (beneficio definido).

En el mismo, el conjunto de los faltantes y supuestos inadecuados, facilitan la realización de las medidas propuestas por algunos voceros de la Cámara de Comercio, que apuntan hacia elevar la edad de jubilación, reducir el monto de las pensiones y elevar el valor de la cuota que deben pagar los trabajadores.

El primer problema que contiene el informe actuarial de JTA es que este omite explicar el origen del problema, el cual se encuentra en La Ley No 51 Del 272 de Diciembre de 2005.

Esta Ley obligó a todos los trabajadores que entraron a cotizar en la Caja de Seguro Social a partir del 2008 a inscribirse en el subsistema mixto (fundamentalmente de cuentas individuales), a la vez que en su artículo 157 estableció que: "los fondos de cada subsistema no podrán ser empleados para cubrir los gastos del otro subsistema ni podrán transferirse recursos de uno a otro".

Esto convirtió en un grupo cerrado a los cotizantes del subsistema solidario, de manera que estos que con sus cuotas han venido haciendo posible el pago de las pensiones a los actuales jubilados, no tendrán quien les haga solidaridad, por lo que sus pensiones están en inminente peligro.

Esto llevó a otras omisiones. Es así que pese a que muchos sectores han planteado como parte fundamental de la solución volver al sistema solidario, la JTA actuarial simplemente descartó esta posibilidad, la que no fue tomada en cuenta en sus simulaciones hacia futuro.

Junto a esto, la JTA evitó incluir en su análisis la muy comprobada idea de que la sobrevivencia luego de la edad de jubilación está altamente correlacionada con el estatus económico diferenciado de las personas, de manera que es más alta para los más ricos y más baja para los más pobres.

Esto significa que elevar la edad de jubilación siempre afecta principalmente a los más vulnerables.

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Interesa destacar que si bien la JTA insistió en el impacto negativo de la COVID-19 sobre los ingresos de la Caja de Seguro Social, en ningún momento se impuso la necesaria tarea de señalar que esta enfermedad afecta fundamentalmente a los adultos mayores, elevando la tasa de mortalidad de los mismos.

Ello implica que los ajustes también se deberían haber dado por el lado de los desembolsos.

Los supuestos realizados por la JTA son profundamente sesgados. En el caso del número de cotizantes, si bien se tomaron en cuenta las diferencias de sexo y edad, se aceptaron como válidas las proporciones históricas de participación como asegurados cotizantes.

Esto significa que para la JTA no aparecen como problema a enfrentar las altas tasas de informalidad existentes, así como la inequidad de género existente contra las mujeres. Peor aún, se está justificando la presencia del enorme problema de la evasión patronal, que hoy afecta a más de 93,000 trabajadores y trabajadoras de las empresas formales.

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Esto último lleva a una subestimación de los posibles ingresos del régimen de pensiones. A esto se agrega que la JTA. le pareció normal mantener la tendencia histórica de los salarios, en condiciones que entre el 2007 y el 2017 la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB se redujo de 37.6% a 27.8%, hecho relacionado con tasas de elevación de salarios inferiores al crecimiento de la productividad.

Se trata de un informe hecho a la medida de los intereses de los sectores económicamente dominantes, incapaz de dar luces para la búsqueda de soluciones, e inútil para un debate fructífero del tema.

Economista.