Comisión de Economía recomienda extender el plazo de moratoria hasta el 31 de diciembre

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este lunes acoger el informe del veto parcial del Proyecto de Ley No. 287 sobre moratoria, que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá.

La diputada Cenobia Vargas, que preside la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, explicó que luego de acoger el informe enviado de la presidencia de la República, se remitieron algunas recomendaciones al pleno del Palacio Justo Arosemena, como la de  extender el plazo hasta el 31 de diciembre para las personas que tienen suspendidos sus contratos o quedaron cesantes, para que estén tranquilos de que sus propiedades no estarán en riesgo.De igual forma, manifestó que se amplió el término y que una vez termine la moratoria quede abierto el límite de tiempo y no se circunscriba a los 24 meses que originalmente se tenía en el acuerdo.

Esta y otras modificaciones serán presentadas en el pleno de la Asamblea mañana, martes 16 de junio.

Por su parte, el diputado Juan Diego Vásquez mencionó que el informe que recibió la Comisión sobre el veto parcial del proyecto tiene una falencia importante en cuanto a los argumentos jurídicos y constitucionales que se requieren, sobre todo cuando incluye la inexiquibilidad de normas y no recomienda a la Asamblea qué hacer.La Comisión buscará que se pueda mantener el espíritu de la norma y entonces asegurar que el beneficio o el planteamiento que se había hecho de la ley se pueda mantener a lo largo del tiempo.

En tanto, la diputada Zulay Rodríguez, proponente del proyecto de ley, expresó que los panameños no tienen abogados, "ellos solo tienen a los diputados para que peleen por sus derechos, y en ese sentido se engañó a la nación panameña, porque se dijo que se haría una moratoria hasta diciembre y no fue así".

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Explicó que ella recibe llamadas de los ciudadanos todos los días, que le dicen que los bancos mandan notificaciones de cobros, exigiéndoles el pago aunado al cobro de los intereses más caros de Latinoamérica con un 18, 19 y 20%.

Indicó que decidieron acoger el informe para poder enviarlo al pleno y hacer las recomendaciones, con el objetivo de sacar un proyecto de ley que proteja a los humildes panameños que están pasando por un mal momento en estos tiempos.

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