Ingenieros, arquitectos y abogados ven con preocupación iniciativas populistas, que podrían provocar afectaciones a las finanzas públicas.
La nueva Asamblea Nacional (AN) inició funciones con diputados particularmente motivados a ejercer su derecho a presentar todo tipo de anteproyectos de ley, pero algunas de estas iniciativas han dejado de manifiesto poca asesoría técnica y legal, así como el reflejo de falta de conocimiento de la realidad financiera del Estado.
El sitio web de la AN ya mantiene publicado más de 100 anteproyectos de ley, y otros más están en trámites para ser colgados en el portal de este órgano del Estado. Pero muchos de ellos no son la mejor muestra de la conexión que se espera que haya entre la iniciativa parlamentaria, las necesidades de la población, y la realidad presupuestaria de las finanzas públicas.
Un reciente ejemplo quedó en evidencia con la presentación del anteproyecto de ley 026 (propuesta publicada en la página de la AN) que despertó una serie de cuestionamientos por parte de ingenieros y arquitectos.
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La iniciativa de ley establece la "obligatoriedad" del Estado de construir un mínimo de 30 kilómetros de "carreteras nuevas" en cada distrito de la República, incluyendo los distritos más apartados de la geografía nacional.
Esto quiere decir que se debería trasladar maquinaria necesaria y personal calificado hasta el punto más recóndito del mapa nacional, y al final del quinquenio dejar al menos 150 km de carreteras construidas, incluso en distritos de difícil acceso y las zonas comarcales.
El anteproyecto también establece que para la realización de estas obras, "se utilizará de manera prioritaria a personas residentes en cada uno de los respectivos distritos".
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Y como es muy probable que en algunos sectores no se cuente con personal capacitado, la propuesta indicaba que el Inadeh se encargará de "las diligencias pertinentes para promover cursos de capacitación".
Y a pesar de que sonaba polémico, el pasado 13 de agosto la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea puso en su agenda el prohijamiento de este proyecto. Pero algo ocurrió a último momento, y no se concretó la aceptación.
Panamá América consultó a la presidenta de esta comisión, Kayra Harding, y esta fue la explicación: "No se prohijó porque los técnicos hicieron un examen que arrojó que se necesitarían unos 2,400 millones de dólares. Y el punto es que los técnicos señalaron que superaría incluso el presupuesto del MOP".
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Para Gustavo Bernal, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), este es solo un ejemplo de iniciativas llevadas a la AN, "donde parece que están poniendo la carreta delante de los bueyes", dijo en tono figurativo.
Lamentó que en el pasado reciente se hayan incluso promulgado leyes y puesto en ejecución proyectos sin la asesoría debida, que terminaron comprometiendo las finanzas del Estado.
Bernal recordó que la Spia está no solo a disposición de los diputados, sino también de las autoridades políticas, para aportar sus recomendaciones y asesorías.
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Otros anteproyectos que no tienen que ver con construcción de obras públicas, y presentados en este periodo, también han prendido las alarmas por el impacto que provocarían si llegan a ser aprobados.
Tal es el caso de la iniciativa parlamentaria que establece la eliminación del pago de cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS) por los jubilados.
"El asunto es que están promoviendo ideas que en principio parecen bien intencionadas, pero que van a afectar de manera drástica las finanzas", reiteró Bernal .
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Y el jurista Aldo Moreno agregó que el populismo o el deseo de llevar soluciones rápidas a las masas, puede provocar un efecto adverso para la mayoría de la población.
"Y el Estado no puede operar con este tipo de improvisaciones", mencionó.
Moreno también recordó que los diputados son nacionales, pero que muchas de sus propuestas van dirigidas solo a las necesidades de su circuito.
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Por ejemplo, en el anteproyecto 026, su artículo 9 decía: "Se dará prioridad a las carreteras que se encuentren en la provincia de Darién", y la propuesta vino de un diputado de esa parte del país.
Hay otros anteproyectos, como el 035, que declara un régimen de planificación especial solo al distrito de Arraiján.
"Para mejorar todo esto, la clave es la orientación, y los diputados deben buscar la mejor asesoría legal posible", recomendó el abogado Moreno.
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