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Más de 100 anteproyectos siguen a la espera de su prohijamiento en la AN

La Asamblea Nacional se encuentra en la última fase de su primer periodo de sesiones ordinarias.

Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica - Publicado:

15 comisiones permanentes conforman el Órgano Legislativo. Foto: Archivo

A pocos días de que culmine el primer periodo de sesiones ordinarias, a la Asamblea Nacional le hace falta prohijar más de 100 anteproyectos de ley que abordan temas prioritarios como el acceso a viviendas, reformas al reglamento interno, modificaciones a la ley de la Contraloría General de la República, cambios al Código Electoral, salud, educación y transparencia en el manejo de los fondos públicos. 

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Sin embargo, el tiempo restante para exponer estas iniciativas ante las comisiones parece no ser suficiente, en consecuencia, como establece el reglamento interno del Órgano Legislativo serán desestimadas hasta que sus proponentes vuelvan a presentarlas ante el Pleno, de lo contrario, no podrán ser tomadas en cuenta para el segundo periodo ordinario que inicia el próximo 1 de julio. 

Dicha normativa, en su artículo No. 121, indica que “los anteproyectos de ley que, al finalizar el anterior periodo de sesiones, no hubieran sido prohijados por la comisión permanente competente deberán ser presentados nuevamente para ser considerados”. Esto quiere decir que solo los proyectos de ley que se encuentren en segundo y tercer debate serán reasumidos por el Pleno, guardando la “posición que tenían dentro del orden del día al momento de concluir el periodo de sesiones”. 

Del total de 138 iniciativas que, hasta la fecha, de acuerdo con el sitio web de la Asamblea Nacional, están pendientes de prohijamiento, destaca el anteproyecto de ley No. 359, que busca reformar el artículo 77 de la ley que rige a la Contraloría General de la República para eliminar el recurso de “refrendo por insistencia” utilizado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener un aumento salarial de 4 mil dólares. 

La propuesta del diputado Ernesto Cedeño presentada el pasado 31 de marzo, le permitirá a la entidad fiscalizadora improbar toda orden de pago que afecte el patrimonio público o solicitar a la sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del desembolso. 

A la espera de admisión también se encuentra el anteproyecto de ley No. 271, propuesto  desde el mes de enero por el diputado José Pérez Barboni, para prohibir las postulaciones a varios cargos de elección popular, modificando el Código Electoral para las próximas elecciones. 

Según Pérez Barboni, quienes aspiran a múltiples cargos de elección popular “acaparan los cargos públicos e impiden que la oferta electoral sea diversa”, limitando la participación del resto de los interesados, por ello, sugiere que los miembros de partidos políticos y candidatos independientes solamente puedan postularse a un solo cargo. 

El anteproyecto No. 369 presentado el pasado 21 de abril por el diputado del Partido Molirena, Isaac Mosquera, que pretende modificar la ley No. 4 del 17 de mayo de 1994 por la cual se crea un sistema de intereses preferenciales para el sector agropecuario, también está en suspenso. 

Las reformas a esta ley busca aplicar tasas de interés preferencial para proyectos agropecuarios y agroindustriales que adopten estándares de sostenibilidad y conservación ambiental. 

Otro de los anteproyectos presentados en el Pleno y que se prevé será expuesto nuevamente es el que incrementa la pena a los funcionarios públicos que incumplen su jornada laboral y sanciona a quienes realicen dichos nombramientos. 

La propuesta establece que cualquier servidor público que acepte un nombramiento sin prestar el servicio para el cual fue contratado sin justificación aparente será sancionado con prisión de uno a tres años. Además, agrava la pena de 4 a 6 años cuando la lesión patrimonial supere los $50,000. 

Todas las propuestas en espera de prohijamiento incluidas las presentadas por la ciudadanía deberán exponerse nuevamente ante la Asamblea Nacional para evaluar su viabilidad durante el segundo periodo.

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